La jefa de la delegación opositora en esas conversaciones, Dinorah Figuera, dijo que, una vez conocida la detención, el grupo que encabeza denunció "inmediatamente" el caso ante los representantes del Gobierno en el diálogo, quienes "se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación".
"Estaremos atentos hasta que se cumpla. Todos los presos políticos deben ser liberados", escribió en X.
En el segundo ciclo se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.
Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, condenó la detención y aseguró que se trata de "una demostración más de la naturaleza criminal del régimen de Delcy Rodríguez".
"A los venezolanos no nos sorprende: Delcy es (Nicolás) Maduro. Por eso, no solo mantiene operativa su estructura represiva, sino que se niega a liberar a más de 344 personas y a dictar el sobreseimiento a decenas de líderes políticos y otros civiles sometidos a medidas cautelares y otras formas de persecución y judicialización", dijo VV en un comunicado.
El partido hizo un "urgente llamado a la comunidad democrática internacional" a "presionar por la liberación de Javier y de todos los presos políticos sin demora y sin excusas y a no permitir que un régimen como el de Delcy Rodríguez se reacomode y fortalezca a partir de falsas pretensiones de transformación democrática".
Según la oposición, el exalcalde del municipio Torres (estado Lara, oeste) fue detenido por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional en Barquisimeto, capital de esa región.
Oropeza regresó esta semana a su país luego de dos años exiliado en España y recibió el miércoles el sobreseimiento de una causa en su contra, afirma la oposición.
El miércoles, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que, a pesar de mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano permanece "intacto".
En un nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.
Según la misión, leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los grupos conocidos como "colectivos", fuente permanente de intimidación y violencia.