La jueza Roxana Palacios dispuso que los adolescentes, estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, sean conducidos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (conocido como Maranguita), según informó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.
Los cuatro meses impuestos por la magistrada corresponden al plazo máximo determinado por ley y el pedido de internamiento hecho por la Fiscalía fue solo por seis adolescentes investigados, de un total de 10 que fueron inicialmente incluidos en la denuncia.
Asimismo, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente víctima de violencia sexual, que incluyeron prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios privados o redes sociales (WhatsApp, Facebook, entre otras) contra el agraviado, así como terapias psicológicas obligatorias para ellos.
Además, el órgano jurisdiccional también dispuso el patrullaje constante de forma periódica semanal a cargo de la comisaría del sector en el domicilio de la víctima.
El Ministerio Público explicó en un mensaje compartido en la red social X que el fiscal provincial Mariano de la Torre solicitó la medida de internamiento preventivo con el objetivo de asegurar la presencia de los estudiantes, tras recabar indicios que los vinculan con la infracción a la ley penal.
Entre los indicios figuran las declaraciones de los menores de edad involucrados, los policías intervinientes, los padres denunciantes del hecho y el reconocimiento médico-legal de la víctima, entre otros.
El ataque denunciado por la familia de la víctima ocurrió aparentemente cuando el grupo regresaba en autobús a la escuela, el último martes, después de haber participado en un torneo de fútbol, a pesar de que en el vehículo también estaban otros adultos a cargo de los estudiantes.
El caso ha generado una ola de indignación en Perú por los episodios de acoso y violencia sexual denunciados en las escuelas particulares y especialmente por la supuesta incidencia de racismo y clasismo en un centro de estudios que era administrado por la Marina de Guerra del Perú.
Tal como lo anunció el jueves la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, al comentar esta denuncia, el Gobierno hizo oficial este viernes la reorganización en ese colegio y entregó su administración al Ministerio de Educación, hasta el próximo año, para garantizar la prestación del servicio educativo enfocado en "la protección integral de los estudiantes y en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, convivencia, prevención y atención de situaciones de violencia".