ADEPA informó en la red social X que remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto, "con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa".
El proyecto enviado por Milei al Congreso el jueves establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
El texto también contempla a quienes “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes” y las penas se elevan a entre ocho y quince años cuando esas conductas incluyan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
ADEPA consideró que la protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye “un objetivo legítimo”, pero advirtió sobre pasajes del texto que pueden ser sujetos a "interpretaciones ambiguas".
El pronunciamiento se centra especialmente en la amplitud de conceptos incluidos en el proyecto como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada” y “alterar procesos electorales”, que, según ADEPA, podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y producir “efectos inhibitorios” sobre periodistas y medios.
"Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural", expresó la asociación de entidades periodísticas.
La posición de la entidad se suma a las advertencias formuladas la semana pasada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que consideró que el artículo referido a la desinformación supone “un riesgo concreto para la libertad de expresión".
Milei empujó esta ley, que endurece las sanciones para empresas extranjeras que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833, tras un giro inesperado en su discurso sobre la soberanía de esos territorios.
El polémico artículo del proyecto legislativo se suma al plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente del propio Milei, que puso en 2025 como focos de interés a actores que pudieran “erosionar la confianza” de funcionarios, “manipular la opinión pública” o afectar la percepción social de las políticas del Gobierno
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone además crear un nuevo Sistema de Seguridad Nacional con amplias facultades, además de un registro para recabar información sobre personas y entidades sin una causa penal previa cuando haya "motivos razonables" para sospechar vinculaciones con el terrorismo.