El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que los abusos que detalla podrían constituir crímenes de lesa humanidad tales como encarcelamiento, tortura, desaparición forzada o persecución por motivos políticos.
"Un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble", señaló el presidente del grupo de expertos, el alemán Jan-Michael Simon.
El informe dedica un amplio capítulo a la muerte de Rivera, líder indígena miskito y fundador del partido político Yatama, quien permaneció detenido de forma arbitraria durante casi tres años, hasta que las autoridades declararon su fallecimiento el pasado 31 de mayo.
"El Gobierno de Nicaragua quitó a Rivera su libertad, luego su salud, y por último la vida", afirmó el húngaro Reed Brody, también miembro del grupo de expertos, quien señaló que las explicaciones dadas por el régimen sobre el fallecimiento del líder indígena están plagadas de inconsistencias.
Además, esas explicaciones "se ven empañadas por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa en enterrarlo antes incluso de que su familia pudiera despedirse de él", afirmó.
Respecto al caso de Humberto Ortega, fallecido bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024, el grupo de expertos subrayó que no pudo verificar las circunstancias de esta muerte pero señaló que hay "serias preocupaciones" en torno a si recibió atención sanitaria oportuna y adecuada.
También recordó que el exministro de Defensa y antiguo jefe del Estado mayor nicaragüense, que en sus últimos años fue crítico con el Gobierno de su hermano, permaneció detenido en régimen de incomunicación, algo que puede ser considerado trato cruel, inhumano o tortura.
Otros fallecidos bajo custodia citados en el informe son Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas.
Sus muertes "son el resultado previsible de una serie de actos sistemáticos, deliberados y coordinados, ejecutados por la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y el poder judicial", concluye el informe.
También señala que existen motivos razonables para creer que este aparato institucional opera bajo el control centralizado de los copresidentes de Nicaragua, en referencia a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El informe, titulado "Anatomía de la crueldad estatal", también subraya que al menos 161 personas han sufrido desaparición forzada a manos del régimen desde 2018, y señala que al menos 29 siguen en paradero desconocido.
Los expertos exhortaron al Gobierno de Nicaragua a revelar el paradero de esos 29 desaparecidos, a liberar a todos los detenidos por motivos políticos y a investigar las muertes bajo custodia.
También instó a devolver los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita, y urgió a la comunidad internacional a tomar acciones para que haya una rendición de cuentas por los abusos denunciados, usando si es preciso la jurisdicción penal universal.