"Aguardamos una nueva era de relaciones de vecindad en interés de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestros países y la estabilidad y prosperidad de nuestra región", afirmó Ali en su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU.
Así respondió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien defendió ayer ante la Asamblea General los "históricos derechos" de su país sobre el Esequibo y aseguró que los acuerdos que más perduran "son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos".
Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial en la CIJ es la única vía legítima para resolver la controversia por esta región de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en minerales y petróleo, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.
En mayo pasado, Venezuela señaló que la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, justo cuando se desarrollaban audiencias ante la CIJ.
"El recurso a la CIJ llegó tras decenios de esfuerzos para resolver la controversia bilateralmente, inclusive a través de una comisión mixta y los buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas. Con pleno respeto al derecho internacional, Guyana participó y alentó a Venezuela a participar en los procedimientos de la CIJ", zanjó Ali.
Según el mandatario guyanés, el Laudo Arbitral de París de 1899 determinó "la solución completa, perfecta y final" de la frontera, pero Venezuela defiende que se deben basar en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Ali también aseveró que su país "siempre ha impulsado la solución pacífica de la controversia" pese a haber padecido "provocaciones y agresiones repetidas y durante mucho tiempo".
Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica y que Caracas declaró nulo en 1962.
En 2018, Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de las Naciones Unidas, para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.