La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en el central Estado de México, resolvió sustituir la reclusión que Ruffo cumplía desde julio en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
La defensa informó que el traslado del exmandatario, de 74 años, quedará a cargo de la Guardia Nacional y será a más tardar el lunes cuando sea custodiado hacia su domicilio en la localidad de Ensenada, fronteriza con Estados Unidos.
Durante la audiencia, que se prolongó cerca de tres horas, los abogados presentaron dictámenes médicos y otros documentos para acreditar el estado de salud de Ruffo, además de la inexistencia, según la defensa, de riesgo de fuga o de obstaculización de las investigaciones.
La resolución no cancela el proceso penal ni implica una absolución.
No obstante, Ruffo seguirá vinculado a proceso penal mientras la FGR continúa la investigación complementaria por delitos de delincuencia organizada, contrabando y conductas ilegales relacionadas con hidrocarburos.
El exgobernador fue detenido el 16 de julio en Ensenada y vinculado a proceso una semana después, junto con otros acusados.
La FGR lo señala como uno de los supuestos dirigentes de una estructura que introducía combustibles desde Estados Unidos a México mediante ferrotanques y declaraciones aduaneras falsas o incompletas.
Según la Fiscalía, la organización utilizaba una red empresarial y logística para importar, distribuir y comercializar hidrocarburos sin cubrir las contribuciones correspondientes, una modalidad conocida en México como “huachicol fiscal”.
La defensa sostiene que Ruffo no tenía funciones operativas ni de dirección en la empresa Ingemar, vinculada por la Fiscalía con las operaciones investigadas.
La prisión domiciliaria incluye restricciones para evitar contacto con personas relacionadas con la causa y mantiene abierto el proceso judicial, cuya investigación complementaria continúa en curso.
La jueza había fijado seis meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía aún puede aportar nuevos datos de prueba al expediente penal federal.