"Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo para su vida e integridad", señaló la Defensoría del Pueblo en un boletín.
Según ese organismo, de los líderes asesinados, 91 eran hombres y 21 mujeres. Con 21 casos, el departamento con el mayor número de víctimas mortales es el Cauca (suroeste), donde opera el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC; la guerrilla del Ejército Liberación Nacional (ELN) y otros grupos narcotraficantes.
En cuanto a las masacres, la Defensoría aseguró que han ocurrido en 23 de los 32 departamentos colombianos y que "Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor número de casos".
De igual forma, el organismo estatal señaló que entre enero y agosto pasados fueron asesinados 10 excombatientes que firmaron el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016.
En mayo pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que las consecuencias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel "más grave de la última década", con un fuerte aumento de desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos.
Según el balance anual del CICR, el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 lo hicieron en movimientos masivos y 176.730 permanecieron confinadas por acciones de grupos armados.
Frente a 2024, todos los indicadores aumentaron de forma significativa: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 %, el confinamiento un 99 %, las víctimas de artefactos explosivos un 34 % y las nuevas desapariciones documentadas por el CICR un 22 %, según el informe.