"El presidente de la nación ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion", expresó un comunicado de la Presidencia argentina.
El Ejecutivo instó al Reino Unido a que, en el plazo de dos semanas, "adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburiferos en la Plataforma Continental Argentina".
Y anticiparon que, de no cumplirlo, solicitarán al Tribunal Internacional del Derecho del Mar "las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".
El texto informó también que se ha dado inicio a un procedimiento sancionatorio y judicial contra la empresa Thales UK Limited por operaciones realizadas, sin la autorización argentina, en la ruta aérea que une las islas con la ciudad chilena de Punta Arenas.
A través de su perfil de la red social X, Milei destacó las medidas anunciadas este lunes y subrayó que buscan detener "el saqueo ilegal" de recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que Argentina reclama como propio.
"Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", enfatizó, y concluyó: "Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras".
La decisión anunciada este lunes sigue a una serie de sanciones y denuncias por parte del Gobierno de Milei contra petroleras que operan en Malvinas bajo licencias concedidas por el Gobierno isleño que Argentina considera ilegales.
En el último mes, la Cancillería argentina ha enviado cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, ha iniciado unos 60 procedimientos administrativos y ha realizado en tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras -de capitales británicos, israelíes y canadienses- y sus directivos.
Las denuncias incluyen a la petrolera israelí Navitas, que lidera el proyecto 'offshore' Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, con vistas a extraer crudo a partir de 2028.
El pasado miércoles, Milei instó en la ONU al Reino Unido a "reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía" de las islas y advirtió que habrá consecuencias para las empresas que explotan recursos naturales en esa zona del Atlántico Sur sin la autorización de su Gobierno.
Horas después, el Reino Unido respondió en un comunicado que los intentos de impedir el desarrollo petrolero en las islas son "un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen por completo de justificación en el derecho internacional" y resaltó que "se mantiene firme en su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación".