La reforma abarca además los cuidados de larga duración, el acceso a la protección social de los ciudadanos inactivos y las prestaciones familiares.
Impulsada por Bruselas en 2016, llevaba casi una década bloqueada tras dos intentos fallidos de acuerdo, en 2019 y 2021. El texto final fue pactado con los Estados miembros y la Comisión Europea en abril y refrendado por la Eurocámara en julio.
La norma establece que el país donde se trabaja y cotiza asuma el desempleo de los transfronterizos, siempre que hayan cotizado allí de forma ininterrumpida al menos 22 semanas. De momento, paga el país de residencia, aunque el trabajador nunca haya cotizado allí.
También fija en seis meses el período mínimo de exportación de las prestaciones por desempleo para quienes se trasladan a otro Estado miembro a buscar trabajo, con posibilidad de que los países lo amplíen hasta el final del derecho a la prestación.
La reforma busca corregir la asimetría que permite a países como Luxemburgo o Austria beneficiarse de los aportes de trabajadores que cotizan en sus sistemas, mientras otros Estados asumen el coste de su desempleo.
El acuerdo fija además un momento claro para notificar los desplazamientos de trabajadores -antes de empezar la actividad, frente a la fórmula ambigua vigente- y estandariza el certificado de legislación aplicable (A1), aunque exime de este trámite los viajes y desplazamientos de hasta tres días al mes, salvo en construcción.
Cerca del 40 % de los trabajadores desplazados por sus empresas a otro país de la UE pertenecen a este sector, según fuentes parlamentarias.
Asimismo, endurece los criterios para identificar dónde opera realmente una empresa -no solo su dirección postal, sino dónde decide o genera negocio- y facilita el cruce de datos entre países para detectar fraude, con el fin de frenar a las 'empresas buzón'.
"Se protegerán mejor los derechos básicos de los trabajadores y aumentará la transparencia contra el 'dumping' social y la explotación del trabajador. Además, no habrá rémoras ni puertas traseras por las que se cuelen cláusulas ocultas", defendió en julio la eurodiputada Gaby Bischoff, ponente de la revisión en la Eurocámara.
El acuerdo también introduce una definición común de los cuidados de larga duración, reglas más claras sobre prestaciones familiares durante la crianza y el acceso a un seguro médico para ciudadanos inactivos que no puedan optar a uno por otra vía.
En 2024, 10,1 millones de ciudadanos de la UE en edad de trabajar vivían en un país distinto al de su nacionalidad y 1,87 millones eran transfronterizos, un 46 % más que en 2012, según un informe de febrero del Ejecutivo comunitario.
Alemania es el principal destino (3,2 millones, 32 %) y España, el segundo, con 1,25 millones de trabajadores móviles.
Luxemburgo, con un 45 % de fuerza laboral transfronteriza, tendrá hasta siete años para adaptarse, frente a los dos del resto de países.
El reglamento entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.