A través de un comunicado emitido tras la presentación del informe en la Secretaría de Gobernación, la organización manifestó su preocupación por la falta de avances sobre la implicación de las Fuerzas Armadas y de las cadenas de mando político e instó al Gobierno mexicano a no sustituir los hallazgos previos con "nuevas narrativas" que centren la explicación de los hechos únicamente en el ámbito local.
"Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso", declaró la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares Ferreto.
El caso de Ayotzinapa se remonta a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el Estado mexicano de Guerrero (oeste), cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron víctimas de desaparición forzada.
Tras 12 años de los hechos, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este lunes un nuevo reporte gubernamental que incluye el análisis de llamadas telefónicas, la ubicación de 17 personas de interés y la vinculación a proceso de actores locales por la alteración de evidencias.
Amnistía Internacional enfatizó que la investigación debe ser "seria e independiente" para esclarecer la actuación de agentes de procuración de justicia, de las policías y de las Fuerzas Armadas en todos los niveles.
"Si la nueva etapa de la investigación pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, el primer requisito debe ser garantizar acceso a toda la evidencia existente", agregó la directora ejecutiva.
AI recordó además que los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitieron identificar "graves irregularidades" que deben ser profundizadas para reconstruir los vínculos de las fuerzas de seguridad con grupos criminales en Guerrero.
La postura de la organización se enmarca en la creciente exigencia de los familiares de las víctimas y organismos internacionales para que se esclarezcan los hechos y se investigue la responsabilidad de diferentes grupos delictivos y políticos implicados en las desapariciones.