El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo que este decreto pretende "prorrogar y adaptar las medidas de apoyo" a hogares, empresas y sectores en un entorno de "persistencia de riesgos geopolíticos" que ha afectado a los precios energéticos.
Este nuevo plan, en su opinión, combina "protección inmediata, seguridad energética, eficiencia y competitividad", con un coste total de más de 12.000 millones de euros (unos 13.600 millones de dólares).
El decreto extiende hasta final de año los descuentos sobre el impuesto de hidrocarburos que pagan los carburantes, que se situarán en 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre. Actualmente el descuento es de 5 céntimos por litro de gasolina y de 20 céntimos por litro de diésel.
Además, el Gobierno ha limitado la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas, de la que se benefician más de tres millones de consumidores, a un 35 % en la revisión de octubre y a un 15 % las siguientes. El precio de la bombona de butano se limita a 19,55 euros hasta el próximo junio.
El decreto incluye una cláusula automática por la que si la gasolina o el diésel se encarecen más de un 15 % en un mes se recuperará el descuento de 20 céntimos por litro y si lo hacen la electricidad o el gas, se bajará el IVA y el impuesto especial de electricidad.
En cuanto a los sectores con especial afectación, se prorrogan las ayudas de 20 céntimos por litro de diésel para agricultores, ganaderos y armadores, además del transporte profesional por carretera. Este martes se anunció además una nueva ayuda para el ferrocarril de mercancías de 15.000 euros por locomotora diésel.
El vicepresidente primero añadió que, en materia de soberanía energética, el nuevo decreto amplía las reservas de gas natural licuado para el invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético.
Se mantienen, igualmente, las medidas sociales en materia de protección del empleo, es decir, que las empresas que reciban ayudas no podrán despedir por causas vinculadas a la crisis.
Además, se refuerza el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la petición de dos estudios, uno sobre formación de precios en los mercados mayorista y minorista y otro sobre la cadena de valor alimentaria.