La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.
Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron.
La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una "emergencia nacional" y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.
La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.
El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos fueron encapuchados, atados y golpeados por agentes de la Policía, según una investigación publicada por The New York Times.
El Supremo tiene previsto escuchar los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.