A hombros de vecinos y allegados, los féretros de las siete víctimas recorrieron las calles hasta el cementerio del municipio de Huité, en el departamento (provincia) de Zacapa a unos 150 kilómetros de la capital.
Los asesinados recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos tras los tiroteos del domingo.
"Iban a echar gasolina para salir a trabajar a las cuatro de la mañana. Sin dar ninguna explicación, ni una palabra, ni nada, acribillaron a mi madre y a mis dos hermanas", declaró a periodistas entre sollozos Enabed del Rosario Paz Paiz, familiar de tres de las víctimas mortales.
Paz Paiz aseguró que sus familiares estaban indefensas cuando fueron atacadas y sostuvo que las fuerzas de seguridad estatales habrían participado en los hechos violentos, acusando directamente al Gobierno de intentar encubrir la responsabilidad oficial en la masacre.
"Eran inocentes, no estaban armadas. Había helicópteros disparando. Mataron a un niño de 14 años solo porque volteó a ver al helicóptero", aseveró Paz Paiz.
De acuerdo al Ministerio Público (Fiscalía), el tiroteo tuvo lugar entre el domingo y lunes bajo circunstancias aún no establecidas, con cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio,, ubicado en una zona estratégica para el trasiego de drogas cerca de la frontera con Honduras.
En las distintas escenas del crimen recabaron 77 indicios balísticos.
Hasta el momento han sido identificadas como víctimas de la masacre Vilma Elizabeth Paz Paiz (50 años) y sus hijas Cinthya Gabriela Paz (27) y Uve Lisbeth Paz Paiz (21), además de Mario René Romero Díaz (63), Carlos Jacinto Mateo Paiz (26) y Juan Carlos Pedroza Agustín (45), según el reporte de medios locales que citan al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Entre las víctimas aún no identificadas por las autoridades se encuentra un menor de edad, precisó la misma fuente.
Por su parte, el Gobierno ha descartado que las fuerzas de seguridad estuvieran involucradas en la matanza.
El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, descartó el lunes categóricamente la participación de la Policía Nacional Civil en cualquier operativo en el área, mientras el Gobierno insiste en que las muertes se deben a pugnas entre estructuras del crimen organizado.
La violencia es un problema estructural en Guatemala, golpeada por el narcotráfico, las pandillas y la delincuencia común.
El país contabilizó 3.139 homicidios en 2025, mientras que entre enero y julio de este año ya ha sumado 1.751 asesinatos, según datos de la organización no gubernamental Coalición por la Seguridad Ciudadana.