En un escrito enviado a la Sala Especializada de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, Alarcón informó al juez de la causa que decidió emitir un dictamen abstentivo (decisión de no acusar) a favor de Goncalves, al no encontrar elementos que permitan establecer su participación en el presunto delito.
"De los elementos recabados no se desprenden circunstancias que permitan presumir que el señor Antonio Goncalves haya abusado de su cargo, dispuesto arbitrariamente de fondos del Estado ecuatoriano u omitido el deber legal de precautelar los recursos públicos pertenecientes al Estado", señaló el fiscal.
El exministro era el único funcionario de alto rango que estaba investigado en este caso, por lo que Alarcón señaló que se inhibía de continuar al frente de la causa y pedía que el expediente sea remitido a otros jueces de fuero común.
La investigación determinó que, tras la resolución de emergencia por la crisis energética emitida en junio de 2024 por la empresa estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) se suscribieron dos contratos con Progen, con sede en Estados Unidos, por un total de 149,1 millones de dólares.
Los dos contratos contemplaban la adquisición de generadores eléctricos, pero la empresa entregó, según la Fiscalía, aparatos "inoperativos, técnicamente incompatibles y que no eran nuevos".
Pese a ello, según la Fiscalía, Celec pagó el 70 % del valor total de los contratos como anticipo, que corresponde a más de 104 millones de dólares que se han determinado como el presunto perjuicio.
De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados habrían actuado desde su ámbito de competencia —manipulando informes técnicos, concediendo prórrogas injustificadas, omitiendo fiscalizaciones e intercediendo informalmente— para viabilizar el desembolso de recursos estatales.
Entre los otros 30 investigados están representantes de Progen en Ecuador, funcionarios de Celec, administradores de los contratos, exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal.
Para ellos, Alarcón pidió a que se designe día y hora para que se realice la audiencia preparatoria de juicio.
Entre 2023 y 2024, Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales del segundo año a causa, entre otros factores, de la sequía que redujo el caudal de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a 14 horas diarias.