La compañía reaccionó así al informe entregado este miércoles al presidente panameño, José Raúl Mulino, que contiene 17 recomendaciones sobre el futuro de la mina, paralizada desde noviembre de 2023 tras un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato de concesión.
First Quantum destacó en un comunicado que la primera recomendación propone autorizar formalmente negociaciones con la empresa para estudiar un nuevo acuerdo que permita poner fin a los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha de la mina que conduzca posteriormente a su cierre definitivo.
Ese eventual proceso, según la recomendación, tendría que realizarse sin coste para el Estado panameño, sin posibilidad de prórroga y respetando la decisión de la Corte Suprema del país centroamericano, además de dar prioridad a los intereses ambientales, sociales y económicos del país.
"First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y el proceso dirigido por el Gobierno", señaló la empresa en un comunicado.
La minera añadió que participará "de forma constructiva y de buena fe" con el objetivo de establecer para Cobre Panamá un marco legal "justo, transparente, duradero y alineado con la Constitución y las leyes de Panamá".
First Quantum también señaló que considera prioritaria la gestión ambiental responsable de la mina y aseguró que está dispuesta a trabajar con las autoridades panameñas para establecer salvaguardas ambientales, mecanismos de supervisión y sistemas transparentes de vigilancia.
Además, defendió que cualquier solución debe proporcionar estabilidad a largo plazo y beneficios económicos tangibles a Panamá mediante empleo, formación laboral, contratación de empresas locales e inversión en las comunidades.
La compañía aseguró que ahora espera instrucciones del Gobierno panameño sobre los próximos pasos para iniciar las conversaciones.
Cobre Panamá, una de las mayores minas de cobre del mundo, llegó a representar más del 4 % del PIB panameño y unos 7.000 empleos directos antes de su paralización.
Su actividad fue paralizada en noviembre de 2023 después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión a Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, en medio de intensas protestas callejeras movilizadas por ambientalistas.
El cierre también abrió arbitrajes internacionales contra Panamá por unos 27.000 millones de dólares, procedimientos que actualmente están suspendidos.