La Asamblea de la República debate este miércoles la propuesta de autorización legislativa presentada por el Gobierno para modificar el Nuevo Régimen del Arrendamiento Urbano (NRAU), una reforma con la que el Ejecutivo pretende aumentar la oferta de vivienda en alquiler.
Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de iniciar el procedimiento de desahucio cuando el inquilino acumule dos meses de rentas impagadas, frente a los tres meses actuales.
La propuesta también prevé eliminar el límite del 2 % al incremento de la renta en los nuevos contratos respecto al alquiler anterior y permitir que los propietarios puedan exigir hasta tres mensualidades anticipadas como garantía, frente a las dos actuales.
El Gobierno de Montenegro, formado por la coalición de centroderecha PSD/CDS-PP, no dispone de mayoría absoluta en el Parlamento y necesita apoyos de la oposición para sacar adelante la iniciativa.
El PS, principal partido de la oposición, ya ha anunciado que votará en contra de la autorización legislativa.
Su líder parlamentario, Eurico Brilhante Dias, acusó al Ejecutivo de pretender obtener del Parlamento un "cheque en blanco" para introducir medidas que, a juicio de los socialistas, aumentarán la inseguridad de los inquilinos.
El PS presentó además su propia iniciativa para crear una Garantía Pública de Seguridad en el Arrendamiento Habitacional, un mecanismo destinado a cubrir riesgos asociados al alquiler y reforzar, según el partido, la confianza tanto de propietarios como de inquilinos.
La incertidumbre sobre el futuro de la reforma aumentó después de que el presidente de Chega, André Ventura, amenazara con votar también en contra.
Ventura pidió al Gobierno que permita que la iniciativa sea remitida a la comisión parlamentaria competente sin someterla ahora a votación, para abrir una negociación sobre su contenido.
"Este diploma, tal como está, no sirve", afirmó el dirigente de la formación ultraderechista, quien aseguró que, si se mantiene en sus actuales términos, "no pasará en el Parlamento".
El PS también se ha mostrado dispuesto a aceptar que la iniciativa baje a comisión sin votación, una posibilidad que permitiría al Gobierno evitar por ahora el rechazo de su propuesta y negociar modificaciones con los grupos parlamentarios.
El debate parlamentario se produce un día después de conocerse nuevos datos que reflejan la presión sobre el mercado portugués de la vivienda.
La renta mediana de los nuevos contratos de alquiler alcanzó los 10,17 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2026, un incremento interanual del 10,2 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La subida se aceleró respecto al 9,1 % registrado en el trimestre anterior y, en comparación con los tres primeros meses del año, el incremento fue del 7,5 %.
Entre abril y junio se firmaron 35.407 nuevos contratos de alquiler, un 0,4 % más que un año antes.
La Gran Lisboa registró la renta mediana más elevada entre las grandes regiones portuguesas, con 15,24 euros por metro cuadrado, seguida de Madeira (12,78 euros), la península de Setúbal (11,99), el Algarve (11,56) y el área metropolitana de Oporto (10,83).
En el municipio de Lisboa, la renta mediana de los nuevos contratos alcanzó los 17,79 euros por metro cuadrado, un 5,1 % más que un año antes.