"¡No permitiremos que las irregularidades en el contrato de ATM detengan la generación de energía para los ecuatorianos!", dijo en un video el secretario general de la Administración Pública y vocero presidencial, José Julio Neira.
Se trata de 16 generadores de un total de 48 que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) adquirió de la empresa Austral Technical Management (ATM), con sede en Uruguay, en el marco de la declaratoria de emergencia por la crisis eléctrica que estaba sufriendo el país en 2024.
De acuerdo a Neira, esta empresa cobró al Estado más de 70 millones de dólares y "trajo motores descompuestos e incompatibles para la red del Ecuador".
El de ATM es uno de dos casos de presunta corrupción por contratos firmados durante la crisis energética de 2024 que enfrenta el Gobierno del presidente, Daniel Noboa.
El otro está relacionado con la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, y la Fiscalía ha imputado por presunta malversación de fondos a una treintena de funcionarios públicos y representantes de la compañía.
Entre ambos casos, la Contraloría (Tribunal de Cuentas) ha determinado un perjuicio al Estado de aproximadamente 140 millones de dólares, por anticipos pagados por Celec a las empresas, pese a que no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas en los contratos.
Con respecto a ATM, Neira dijo que Celec presentó una denuncia por presunta delincuencia organizada "ante la posible existencia de una estructura" coordinada con la empresa extranjera, y que la Fiscalía también investiga una presunta malversación de fondos públicos derivada del informe emitido por la Contraloría.
Adicional a ello, está en marcha un proceso de arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito, "cuyo laudo se espera en las siguientes semanas", señaló el funcionario.
Los 16 generadores están operando en el proyecto termoeléctrico Esmeraldas III y, de acuerdo a Neira, los 30 megavatios "próximamente se incrementarán a 60".
La puesta en marcha de estos generadores se produce en medio de los cortes de energía temporales, aunque sin fecha de reconexión, que el Gobierno ha ordenado para 185 empresas de Alto Voltaje 1 y otros usuarios industriales de mediana tensión, debido al bajo nivel de agua que se registra en las principales hidroeléctricas del país.
Con esta medida, el Gobierno busca evitar cortes de energía en los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional, llegando a catorce horas diarias de suspensión en los momentos más críticos.