"Se deben prohibir los desahucios que dejan a personas sin techo. No se puede dejar a nadie en la calle sin que esté disponible una vivienda asequible de reemplazo", declaró el colíder izquierdista Luigi Pantisano al diario Neue Osnabrücker Zeitung este lunes.
Pantisano añadió que "la vivienda es un derecho humano que debe ser reconocido como tal" y que no puede ser, por el contrario, un medio para "exprimir a las personas con alquileres cada vez más altos".
Está previsto que el colíder izquierdista se reúna este martes con la dirección de la inmobiliaria Vonovia, una de las más grandes del país, que le ha emplazado a un encuentro para posicionarse de cara a las acusaciones lanzadas por la formación política de que explota a sus inquilinos.
La Izquierda ha hecho de la vivienda su tema estrella a lo largo del último año y gracias a una exitosa campaña centrada en esta cuestión y en la promesa de expropiar a las grandes inmobiliarias privadas obtuvo el mes pasado una victoria histórica en las elecciones regionales de Berlín.
Ahora negocia la formación de una coalición de Gobierno con Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD), aunque este último se opone al plan de expropiar los inmuebles que superen el límite de 3.000 por empresa, tal y como apoyó la mayoría de los berlineses en una consulta popular en 2021.
Las conversaciones se han visto además dificultadas por las alegaciones de antisemitismo contra figuras de La Izquierda por sus supuestos contactos con un representante de una organización propalestina que defiende la lucha armada contra Israel.
En Alemania, los tribunales pueden autorizar desahucios aunque el inquilino se quede sin vivienda, aunque éste puede solicitar amparo en determinadas situaciones, por ejemplo si sufre una enfermedad o si tiene a su cargo menores necesitados de especial protección.
En Alemania fueron desalojadas de forma forzosa unas 32.000 viviendas e inmuebles de alquiler en 2025, según datos del Gobierno, mientras que a principios del año pasado 474.700 personas permanecían alojadas en instalaciones para gente sin hogar.
La muerte de Maricarmen, la anciana española de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid y que activó la lucha por la crisis de la vivienda, ha avivado las protestas en toda España y ha trascendido también a otros países europeos.