"Las autoridades turcas deberían escuchar las preocupaciones de la población sobre el impacto ambiental de actividades como la minería y abordarlas, en lugar de arrestar y procesar a los manifestantes", indica el investigador asistente para Europa y Asia Central de HRW Deniz Bayram.
Según un comunicado de esta organización, los manifestantes se enfrentan a "diversos cargos penales e investigaciones" por "acusaciones dudosas" como reunión ilegal, uso de la violencia para impedir que un funcionario público cumpla con su deber, allanamiento de morada, insulto a funcionarios públicos o difusión de información falsa.
Para llegar a estas conclusiones, la organización entrevistó en agosto a 23 personas que habían participado en protestas ambientales y ha revisado informes de prensa, documentos y procedimientos judiciales.
También ha documentado el trato recibido por los manifestantes en dos de las zonas actualmente afectadas: la provincia de Muğla, donde protestan contra la minería de carbón en el bosque de Akbelen, y la región oriental del mar Negro, donde lo hacen contra la exploración minera de oro en la meseta de Perşembe y zonas aledañas.
De acuerdo con HRW, en ambas zonas las autoridades han "dispersado por la fuerza a manifestantes pacíficos, incluso mediante el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y gas pimienta".
"La policía ha arrestado y multado a manifestantes e intimidado a los residentes locales con controles de identidad arbitrarios", ha añadido.
En septiembre, HRW escribió al Ministerio del Interior, así como a las fiscalías generales de las zonas afectadas solicitando más información y una respuesta, pero "ninguna ha respondido".
En este contexto, Bayram ha dicho que "los Estados que asistan a la COP31 deberían pronunciarse en contra de la represión de Turquía contra los defensores del medioambiente y recordar a sus anfitriones que la participación de la sociedad civil es fundamental para alcanzar los objetivos de la COP".