"La dispersión de protestas pacíficas debe ser un último recurso. Los relatos de que la Policía agredió a manifestantes con porras, resultando en decenas de heridos -incluyendo una persona con deficiencia- generan serias preocupaciones de que el uso de la fuerza haya sido desproporcionado", afirmó en la nota João Godinho Martins, director ejecutivo de AI en Portugal.
Desde la organización defienden que se garantice una investigación "independiente, imparcial y eficaz" sobre la operación policial.
"Cualquier persona considerada responsable por el uso ilegal de la fuerza debe ser llamada para responder por sus actos", añadieron.
La polémica se debe a la forma en que agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) procedieron a desalojar la acampada por la vivienda en la plaza João I, en el centro de Oporto.
La PSP dice que dos agentes resultaron heridos y ha reconocido también que hubo manifestantes lesionados, pero no precisó cuántos.
Los organizadores de la protestan dicen que hubo 37 heridos.
El ministro del Interior, Luís Neves, declaró hoy que ve "con toda la preocupación" que el desalojo concluyera con heridos, pero afirmó que la actuación de las fuerzas policiales fue "legítima".
La protesta por el derecho a la vivienda en Oporto comenzó el pasado sábado en la misma plaza de Joâo I, tras una manifestación en la que según los organizadores participaron 1.500 personas.
Después de una primera retirada de tiendas por parte de la Policía el lunes, los participantes volvieron a instalarlas tras una asamblea celebrada la víspera en la que acordaron mantener la movilización.
Entre sus reivindicaciones figuran el aumento de la vivienda pública, la limitación de los alquileres y el fin de los desalojos sin alternativa habitacional.