Si bien su manifestación se dará en paralelo con una protesta de distintos grupos, incluidos sindicatos, personas con discapacidad y ambientalistas, que rechazan recortes y otras medidas del Ejecutivo, el reclamo de las casas de altos estudios ha sido el que más gente ha logrado sacar a las calles en los últimos tres años.
Éstas son cinco claves para entender el conflicto universitario en Argentina:
Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei aplicó un severo ajuste fiscal que, entre otros ámbitos, afectó a las universidades públicas.
En 2024, el Congreso aprobó una ley que dispuso destinar más fondos a las universidades y actualizar los salarios del sector, golpeados por la elevada inflación, pero Milei vetó la norma bajo el argumento de que comprometía el objetivo de 'déficit cero' de su Gobierno.
En 2025, el Parlamento volvió a aprobar una norma similar, Milei la vetó, pero el Congreso revirtió el veto. Pese a esto, el presidente se negó a aplicar la ley argumentando la falta de una fuente de financiación para afrontar el gasto ordenado por la norma.
El pasado 6 de octubre, un juzgado federal falló en favor de un reclamo judicial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que exige la aplicación de la ley y ordenó al Ejecutivo cumplirla, pero el Gobierno ha apelado la sentencia.
De acuerdo a informes del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,541 % del PIB desde el 0,718 % en 2023, justo antes de la llegada de Milei al Gobierno.
El proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el Ejecutivo en septiembre al Congreso prevé que el presupuesto universitario caiga el próximo año al 0,514 % del PIB.
Según el Ciicti, la financiación de las universidades nacionales caerá en 2027 el 1,1 % en términos reales respecto de 2026 y quedará 21,2 % por debajo del nivel de 2023.
Una de los aspectos más afectados por esta caída es el de los salarios en las universidades nacionales, que han sufrido un fuerte recorte en términos reales desde que Milei asumió la Presidencia.
Según el Ciicti, la masa salarial de los profesores y los no docentes prácticamente no tendrá recuperación en 2027 y permanecerá un 19,8 % por debajo de 2023.
El insuficiente presupuesto también afecta a las becas para estudiantes, quienes, por falta de recursos y la necesidad de trabajar, abandonan los estudios o experimentan crecientes dificultades para continuarlos.
El acceso a la educación universitaria pública en Argentina es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 61 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado nacional gozan de buena reputación académica.
La gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en el país suramericano, donde el peso de la pobreza es mayor a la media entre los jóvenes: el 36,9 % de las personas de entre 15 y 29 años no puede cubrir sus necesidades básicas, según datos oficiales del primer semestre de este año.
El peso de la educación superior pública es notorio: de acuerdo a las últimas cifras oficiales disponibles, en 2024 había 542.042 alumnos matriculados en la educación universitaria privada y dos millones en universidades nacionales estatales.
La de este jueves será la quinta Marcha Federal Universitaria. La primera se hizo en abril de 2024 y la segunda, realizada en octubre de ese año, fue una de las mayores protestas universitarias que se recuerde, con algo más de un millón de participantes.
En esta ocasión, la movilización central hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, coincidirá con otras marchas de diversos sectores para reclamar, entre otras cuestiones, la anulación de un decreto firmado en 2023 por Milei para imponer una amplia desregulación de la economía.