Durante 2026 el decomiso de drogas asciende a 106.224 kilos, lo que representa un 63,4 % más que en el mismo periodo de 2025, según el ministerio de Seguridad.
"Llevamos un récord histórico este año de incautación de drogas, que ya no llegan a contaminar a nuestros jóvenes, que ya no le generan esa utilidad al crimen organizado y vamos a ir persiguiéndolos casa por casa, barrio por barrio", dijo Kast durante la ceremonia realizada en la Plaza de La Constitución, en el centro de Santiago.
El balance detalló que la acción de Carabineros logró la confiscación de 73 toneladas del total, mientras que la PDI sumó 33 toneladas, de acuerdo con sus respectivas autoridades.
El director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, destacó que "detrás de cada cifra hay operaciones, investigaciones, planificación y funcionarios policiales que cumplen una labor riesgosa, muchas veces silenciosa, pero indispensable para la seguridad".
Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, añadió que a nivel institucional "se refuerza la línea de control. No solamente la primera línea fronteriza, sino también de carreteras de intervención en los centros urbanos y para quitarle este tremendo flagelo que es el tema de la droga".
Kast señaló que: "hay que tomar conciencia que cada kilo de droga menos es un joven que salvamos, la oportunidad que le damos de seguir estudiando y seguir creciendo".
Durante los últimos años el crimen organizado se ha asentado en Chile a través de diversos negocios ilegales, y se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.
Chile, a diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución hacia Asia, Europa y Estados Unidos por sus numerosos puertos.
El Gobierno puso en marcha, en agosto pasado, una Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que contiene un paquete de 19 iniciativas legales que se están tramitando en el Congreso, junto a otra decena de propuestas.
Asimismo, se ingresó al Senado a principios de octubre una nueva reforma de seguridad consensuada tras el retiro de un primer polémico proyecto impulsado por Kast.