Rumanía alberga el 60 % de los bosques vírgenes templados que quedan en la Unión Europea (UE), insustituibles refugios para miles de osos, linces y bisontes, entre otras especies, amenazados por la tala masiva, tanto legal como ilegal, de árboles centenarios.
Las organizaciones ecologistas, como Greenpeace y la rumana Agent Green, llevan años alertando de la constante degradación que sufren estos entornos sensibles y del papel clave que desempeña Ikea, hoy el mayor propietario forestal de Rumanía tras adquirir más de 50.000 hectáreas.
En cuanto a la COP17 sobre biodiversidad, que evaluará por primera vez los avances en este ámbito, las ONGs advierten de que los objetivos fijados no se están cumpliendo porque "los gigantes de la industria" continúan practicando formas de explotación forestal que agravan la crisis.
En su informe titulado "El manual que falta: lo que Ikea debe hacer para proteger los bosques de Europa", publicado esta semana, los activistas denuncian "una enorme brecha" entre las promesas de la empresa de cumplir con los criterios de sostenibilidad y "su realidad operativa sobre el terreno".
Según Greenpeace, la compañía sueca se escuda en "sistemas de certificación defectuosos", como el del Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Bonn (Alemania), y alega que la normativa aplicada no impide la extracción de madera de bosques primarios y zonas protegidas.
A modo de ejemplo, el documento incluye una investigación en la sierra de Poiana Rusca, en los Cárpatos occidentales, donde se constató una "destrucción sistemática que alimenta la red regional de proveedores de Ikea".
Una parcela investigada había sido propuesta el año pasado para su inclusión en la lista de zonas de protección estricta, pero fue talada por completo en 2026 para fabricar camas y taburetes de la firma sueca, denuncia el informe.
"Recorrimos zonas propuestas para una protección estricta, solo para encontrar innumerables tocones frescos donde hace meses se alzaban valiosos bosques con gran biodiversidad", cuenta a EFE Valentin Salageanu, portavoz de Greenpeace Rumanía.
En respuesta a EFE, el Ministerio de Medio Ambiente rumano aseguró que los trabajos se realizaron de acuerdo con un plan de "tala progresiva" que se aplica desde 1998, junto con intervenciones para favorecer la regeneración natural.
Asimismo, negó que se haya retirado la parcela en cuestión de la lista de protección.
Por su parte, Ikea rechazó haber destruido bosques vírgenes y sostiene que sus operaciones son legales y cumplen los estándares FSC.
Además, la empresa destacó en un comunicado que "el hecho de que una zona sea considerada para una protección futura no implica, por sí solo, restricciones legales o de certificación vinculantes sobre las actividades de gestión forestal" y aseguró que supervisará "la regeneración del terreno para garantizar el establecimiento de un nuevo bosque".
Desde la caída del comunismo en 1989 y la consiguiente apertura al capital privado, la superficie forestal de Rumanía cayó de 8,5 millones de hectáreas (el 38 % del territorio nacional) a entre 6,3 y 6,8 millones, según la ONU.
Además, los datos de Global Forest Watch, una plataforma que permite monitorizar los bosques de todo el mundo casi en tiempo real, revelan que el país perdió entre 2001 y 2024 unas 453.000 hectáreas de cobertura boscosa, un 5,7 % de la superficie registrada en 2000.
Pese a que el Instituto Nacional de Estadística de Rumanía reportó un leve aumento de 170 hectáreas de superficie forestal en 2025 debido a la reclasificación de tierras, la regeneración de la masa boscosa cayó un 10,1 %, mientras que el volumen de madera extraída aumentó un 4,1 % ese mismo año.
Gabriel Paun, experto de Agent Green, recuerda en declaraciones a EFE que a la tala ilegal se suma la explotación legal de los bosques, que "resulta profundamente destructiva" pese a contar con la documentación exigida.
"La clave es luchar y comprender que esto nunca termina", concluye el activista rumano.