Llarena acordó revalidar su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont, que vive en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de Cataluña de 2017, y de los exconsejeros Comín y Puig.
El juez considera aplicable a los tres la doctrina constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que concedió el amparo a la exconsejera Dolors Bassa.
No obstante, Llarena matiza que el pronunciamiento de este lunes "se limita al alzamiento de las órdenes, y no comporta la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos", ni tampoco "sustituye la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento que corresponda adoptar por el órgano competente", en este caso la Sala de enjuiciamiento.
El Tribunal Constitucional español avaló recientemente amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista catalán, entre ellos a Puigdemont.
Carles Puigdemont era presidente del Gobierno catalán cuando el Parlamento regional aprobó en 2017 una fallida declaración de independencia de Cataluña, por lo que distintos líderes de ese proceso secesionista fueron detenidos, juzgados y encarcelados.
Después fueron amnistiados pero los que decidieron salir de España, como Puigdemont, aún tenían causas pendientes con la Justicia.
El expresidente huyó a Bélgica, donde vive desde entonces, para evitar la aplicación de la orden de busca y captura que pesaba sobre él hasta el pasado 6 de octubre, fecha en la que el Tribunal Supremo la dejó sin efecto.
Esta decisión judicial dio, en principio, vía libre a su vuelta a España, pero Puigdemont planea esperar a que el Supremo archive la causa de manera definitiva.