"Somos conscientes de que los inversores extranjeros observan la situación en la capital. Pero insisto: podemos asegurar que la propiedad en Alemania está protegida, que las inversiones están seguras y que aquí rige la ley. Y esta ley protege la propiedad y lo seguirá haciendo", recalcó en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius.
Sin embargo, dado que los tres partidos aún no han iniciado negociaciones formales para formar una coalición, algo que puede ocurrir previsiblemente a principios de noviembre si todas las cúpulas deciden comenzarlas, el Gobierno alemán no ve actualmente "ningún motivo activo para intervenir" en estos momentos.
"Lo decidiremos a su debido tiempo", dijo, pero recalcó que "sigue vigente" lo que la coalición de Gobierno formado por conservadores y socialdemócratas acordó en julio pasado para impedir expropiaciones a nivel regional.
En el "programa para la recuperación económica y el empleo", la Unión Cristianodemócrata, el SPD y la Unión Socialcristiana (CSU) acordaron que, "para no poner en peligro la construcción privada de viviendas, se regulará por ley federal que la estatalización de bienes de alquiler privados mediante leyes de socialización a nivel regional ya no sea posible".
"Alemania es un Estado de derecho, un Estado fiable y estable en el centro de Europa, integrado en uno de los mercados únicos más grandes del mundo. Por lo tanto, creo que somos un lugar muy atractivo para los inversores que miran más allá del bullicio diario de una ciudad", añadió Kornelius.
La Izquierda, Los Verdes y el SPD concluyeron el sábado sus conversaciones preliminares en las que consensuaron expropiar 160.000 viviendas a grandes grupos inmobiliarios con más de 10.000 viviendas en su cartera, a cambio de una indemnización máxima total de 16.000 millones de euros, para hacer frente a la escasez de residencia y los elevados precios del alquiler en la capital alemana.
Las inmobiliarias podrán quedarse con 10.000 viviendas cada una.
Elif Eralp, cabeza de lista de La Izquierda en Berlín, explicó que el plan de financiación se elaborará y se presentará para su aprobación a mediados de 2028 y que la medida afectaría a las empresas Vonovia, Heimstaden, Covivio, Adler y "probablemente" también DVI, aunque admitió que habrá probablemente denuncias, incluso ante el Tribunal Constitucional, que podría descarrilar el plan inicial.
Los tres partidos se apoyan para justificar la medida en el artículo 15 de la Constitución germana, que establece que "el suelo, los recursos naturales y los medios de producción podrán ser transferidos, a efectos de socialización, a la propiedad comunitaria o a otras formas de economía comunitaria mediante una ley que regule la naturaleza y el alcance de la indemnización".
Otra medida que se plantean los tres partidos en Berlín para hacer frente a "la falta de decenas de miles de viviendas asequibles", es la construcción de 2026 a 2031 de 100.000 nuevas viviendas en el segmento de precios bajos y medios.