"El acuerdo que suscribimos ayer nos permite compartir información satelital de los sistemas de seguridad de los EE.UU. y, principalmente, enfocados en nuestras fronteras, para poder protegerlas de mejor manera", expresó el funcionario durante una entrevista con el medio local GEN.
En este sentido, aclaró que el acuerdo "no significa un trabajo conjunto" en el campo ni un cambio de legislación en Paraguay, y que la herramienta está adecuada a las leyes vigentes en los dos países.
Este lunes, Ramírez rubricó junto al subsecretario de Estados de EE.UU., Christopher Landau -quien está de visita de trabajo en Asunción-, un acuerdo para "fortalecer la cooperación en seguridad aérea", lo que supone "la implementación de procedimientos de interceptación" de aeronaves, de acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería paraguaya.
También ayer, la Embajada de Estados Unidos en la capital de la nación suramericana destacó en X que el acuerdo "fortalecerá la capacidad de Paraguay para vigilar y proteger su soberanía frente a vuelos sospechosos".
"Este acuerdo avanza nuestro objetivo compartido de un hemisferio más fuerte y seguro", puntualizó la legación diplomática.
En 2023, el ministro del Interior, Enrique Riera, admitió que en la zona del Chaco paraguayo -una región que comparten Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay- hay "un pozo negro de 90.000 hectáreas" que no cuenta con vigilancia aérea, por donde, aseguró, "puede bajar y subir cualquiera".
Paraguay, uno de los mayores socios de EE.UU. en la región latinoamericana, firmó en diciembre pasado un Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas.
Además, Asunción y Washington alcanzaron un convenio que permite la estadía transitoria en suelo paraguayo de migrantes no admitidos en Estados Unidos antes de su regreso a sus países, y otro de Tercer País Seguro que permite remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.