Tras una sesión maratónica, el proyecto obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, más de dos tercios de la Cámara Baja, y pasó al Senado para ser tratado allí.
El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado y, si resulta aprobado, quedará expuesto a un posible veto presidencial del mandatario Javier Milei.
El texto incorpora fondos y garantías para las prestaciones y establece que, si las partidas del área de Salud resultan insuficientes, el Tesoro deberá aportar los fondos necesarios.
También dispone que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales, y mantiene la actualización mensual por inflación de los aranceles de las prestaciones.
Obliga además al Gobierno a presentar en un plazo de 30 días un cronograma para compensar las deudas con los prestadores y completar los pagos en un máximo de 90 días.
El proyecto también permite compatibilizar el cobro de la pensión con el empleo registrado, con ingresos de hasta dos salarios mínimos, y establece que las suspensiones preventivas de pensiones por cruces de datos deberán notificarse fehacientemente y contemplar un plazo para presentar descargos.
La negociación se produjo después de que el oficialismo incluyera en el proyecto de Presupuesto 2027 un capítulo que modificaba el sistema de pensiones por invalidez, eliminaba la compatibilidad con el empleo formal y derogaba el arancel único para las prestaciones.
La oposición y las organizaciones del sector reclamaron que se retiraran esos cambios y que se garantizara el financiamiento.
El resultado representa un cambio de posición del Gobierno, que había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en 2025 por el Congreso, aunque ambas cámaras insistieron con su sanción. La norma no llegó a implementarse y la Justicia ordenó su aplicación, una decisión que el Ejecutivo apeló.
El ajuste fiscal ejecutado desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, afectó a las instituciones y profesionales que prestan servicios a personas con discapacidad, debido a la falta de actualización de aranceles y las demoras en los pagos.
En octubre, representantes de la Iglesia católica pidieron al Gobierno atender las dificultades que atraviesan las familias y los centros de asistencia.