La Corte, con sede en La Haya (Países Bajos), que solo interviene cuando la justicia nacional no puede o no quiere investigar y procesar estos graves delitos, ha emitido en los últimos años órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin (2023); el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa Yoav Gallant, (2024); altos responsables talibanes (2025); o el expresidente filipino Rodrigo Duterte (2026).
Estas actuaciones han reforzado la relevancia de la CPI, pero han provocado el aumento de las presiones sobre ella, la resistencia de las grandes potencias y la respuesta directa de algunos países, en particular Estados Unidos, que ha sancionado a la Corte en varias ocasiones, todas ellas durante los mandatos de Donald Trump.
La última sanción norteamericana llegó el pasado 9 de octubre, tras ser galardonada con el Nobel de la paz una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.
La CPI fue creada por el Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998, y empezó a funcionar el 1 de julio de 2002 con 76 países signatarios.
Actualmente tiene 125 miembros, incluidos la mayoría de los países occidentales, pero entre ellos no están varias de las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, China y Rusia.
Tampoco aceptan su jurisdicción Israel, Turquía, India, Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Irak, Sudán, Cuba, Egipto o Etiopía, entre otros.
En abril de 2025 Hungría, durante el Gobierno de Viktor Orbán, anunció su intención de retirarse de la Corte, pero el nuevo Gobierno canceló el proceso de retirada en mayo de este año.
Venezuela, en julio pasado, ha sido el último país en anunciar su salida de la CPI. Antes lo hicieron Burundi (2017), Filipinas (2019) o Niger, Malí, Burkina Faso y Chad, todos en 2026.
Presentada en su día como un avance histórico en la universalización de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad de responsables políticos y militares, la CPI no puede abordar crímenes cometidos antes de julio de 2002, y solo puede entrar en escena cuando las autoridades nacionales carecen de voluntad política o de capacidad para actuar.
La apertura de sus procesos es por iniciativa del fiscal con autorización judicial o por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. No celebra juicios en ausencia y no dispone de una fuerza policial propia, de modo que depende de la cooperación de los Estados para ejecutar detenciones.
Actualmente la CPI cuenta con más de 900 empleados, procedentes de un centenar de países, y un presupuesto para 2026 de más de 196 millones de euros.
La primera orden de detención a un jefe de Estado en ejercicio de la CPI fue dictada en 2009 contra el presidente sudanés Omar al Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur, a los que se añadió en 2010 el de genocidio. Aunque estuvo detenido en Sudán, Bashir nunca fue entregado a la CPI y, a día de hoy, se encuentra en paradero desconocido.
En 2012 la Corte dictó su primera condena, contra Thomas Lubanga, líder de una milicia armada congoleña, que fue hallado culpable de reclutar niños soldados en la República Democrática del Congo y condenado a 12 años de prisión.
También fueron líderes de facciones militares de la RD del Congo Germain Katanga, condenado a 12 años de prisión en 2014 por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en la región de Ituri; o Jean Pierre Bemba, condenado en 2016 a 18 años de prisión por asesinato, violación y saqueo, aunque fue luego absuelto en 2018.
Durante sus primeros años de trabajo, la actividad de la CPI se concentró en África, con investigaciones en países como Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, Kenia, Malí y República Centroafricana, lo que alimentó críticas sobre un posible doble rasero.
Sin embargo, en los últimos años las investigaciones de la Corte han ampliado su foco a conflictos que afectan a potencias como Rusia o Israel.
En marzo de 2023 la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación ilegal de niños ucranianos desde zonas ocupadas.
En noviembre de 2024 aprobó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
En 2025, el fiscal pidió órdenes de arresto contra dos altos responsables talibanes por persecución por motivos de género en Afganistán.
Y el próximo 30 de noviembre está previsto el comienzo del juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad por asesinatos vinculados a la llamada guerra contra las drogas, entre 2011 y 2019. Duterte fue detenido y entregado a la CPI en marzo de 2025 y hace unas semanas el tribunal le declaró apto para ser juzgado.