"Es momento de quitarse los guantes y de hacer justicia a sus víctimas", afirmó en una rueda de prensa el secretario de Interior, Jonvic Remulla, que acusó al exjefe policial y cerebro de la guerra contra las drogas de "cobardía" por huir y esconderse.
Remulla, que ofreció la recompensa a quien aporte información esencial para localizar al senador, anunció además la creación de un grupo militar especial con "el único objetivo" de localizar y arrestar a Dela Rosa.
El senador, que huyó el pasado mayo tras hacerse pública la orden de arresto de la CPI, está en paradero desconocido, con varios indicios que lo ubican en la sureña isla de Mindanao, protegido supuestamente por un grupo armado que Remulla describió hace unos días como "sumamente poderoso" y con "un gran respaldo financiero".
La isla de Mindanao, donde Duterte creció y forjó su carrera hacia la presidencia, alberga varios clanes políticos y grupos armados, algunos de ellos presuntamente cercanos al exmandatario.
"No estamos negociando. Le estamos otorgando la opción de entregarse", recalcó el jefe de la Policía Nacional filipina, el general Jose Melencio Nartatez, quien advirtió que "quienquiera que lo encubra enfrentará las consecuencias de la ley".
El jefe policial explicó que vigilan a familiares, amigos y excompañeros de Dela Rosa en la Policía y las Fuerzas Armadas, y que han detectado "personalidades o grupos" que podrían encubrirlo. "Si quienes lo protegen son diez, desplegaremos cien" efectivos, aseguró Nartatez, que no descartó un enfrentamiento armado.
"Tiene un plazo de una semana para entregarse voluntariamente, y nosotros nos estamos preparando para actuar", advirtió el general, tras el anuncio de que las autoridades filipinas consideran desde este viernes al exjefe policial "armado y peligroso".
Dela Rosa huyó el pasado 14 de mayo del Senado, donde se atrincheró durante tres días después de que la CPI hiciera pública su orden de detención, y de donde salió tras un episodio aún bajo investigación que incluyó disparos nocturnos dentro del edificio legislativo.
La CPI considera que el socio de Duterte contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que "autorizaban, toleraban y promovían" los asesinatos durante las redadas antidrogas en las que, según las autoridades filipinas, unas 6.000 personas fueron asesinadas extrajudicialmente, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.
Mientras, su aliado Rodrigo Duterte permanece detenido por la CPI en La Haya desde marzo de 2025, a la espera de ser juzgado desde el próximo 30 de noviembre por presuntos crímenes de lesa humanidad.