En el último "Informe trimestral sobre Violencia de Género" del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, relativo a los meses de abril, mayo y junio de 2026 y hecho público este viernes, se recogen aumentos de víctimas y denuncias tanto en comparación con el segundo trimestre de 2025 como con el primero de 2026.
Así, fueron 50.106 las víctimas, una cifra un 7,64 % superior al segundo trimestre de 2025 y un 10,8 % a la del primer trimestre de este año.
El 65,35 % de estas mujeres eran españolas y el 34,65 %, extranjeras. Además, el número de menores (hijos de las mujeres denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 113, un 7,6 % más que en el mismo trimestre de 2025.
Según los datos proporcionados por el CGPJ, la tasa de víctimas de violencia de género en España se situó en 20 por cada 10.000 mujeres, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior (19,2) y en el primer trimestre de este año (18,1).
Por encima de la media se situaron ocho comunidades autónomas: Baleares (29,4); Comunitat Valenciana (23,9); Madrid (23,8); Canarias (23,7); Navarra (23,6); Andalucía (22,6); Murcia (20,5) y Asturias (20,1).
Valores inferiores a la media registraron Castilla-La Mancha (18,2); Aragón (16,7); País Vasco (16,5); Cataluña (16); Extremadura (15,6); Cantabria (14,7); Galicia (13,8); Castilla y León (12,2) y La Rioja (11,2).
Un apunte preocupante es que aumentó el número de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar contra sus maltratadores en un 3,3 % con respecto al segundo trimestre de 2025: 5.732 mujeres, lo que supone el 11,44 % del total de víctimas. De ellas, el 55,35 % tenía nacionalidad española y el 44,64 %, extranjera.
Las denuncias presentadas por violencia de género ascendieron a 55.712 (un 9,81 % más que en el mismo periodo de 2025 y un 9,43 % más que en el primer trimestre).
Siete de cada diez denuncias fueron presentadas por las víctimas, un número que se mantiene constante trimestre tras trimestre, y apenas el 1,52 % del total las interpusieron personas del entorno de las mujeres. El 14,43 % fueron resultado de atestados policiales y el 6,4 % de los partes de lesiones.
Entre abril y junio, juzgados y tribunales dictaron 16.553 sentencias, de las que 13.676 fueron condenatorias, el 82,62 %.
El porcentaje varía en función del órgano judicial que dicta las sentencias ya que los juzgados de violencia sobre la mujer emitieron un 93,78 % de condenas; las audiencias provinciales, un 77 % y los juzgados de lo penal, un 71,81 %.
En este periodo, los juzgados de menores enjuiciaron a 125 varones cifra similar a los 127 de hace un año) e impusieron medidas en 114 casos.
En el segundo trimestre fueron mayores los incrementos en la solicitud y la concesión de órdenes de protección: 12.143 solicitudes (un 4 % menos) y 8.389 adoptadas (2 % menos).
Así, se acordaron siete de cada diez (69 %) de las medidas de protección solicitadas.
Según los datos del Observatorio, el 60,5 % de las víctimas que solicitaron medidas de protección eran españolas (6.283) y 49 menores de edad, el 0,5 %.
Los tribunales dictaron 14.902 medidas cautelares penales, siendo las más numerosas el alejamiento (6.072) y la prohibición de comunicación (5.743).
Fueron 4.419 las medidas civiles y, de ellas, 1.283 tuvieron que ver con la pensión de alimentos, 807 con la atribución de la vivienda, 911 con la suspensión de régimen de visitas de menores y 39 con la suspensión de la guarda y custodia. En 213 casos se suspendió la patria potestad.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE