"El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo: los periodistas enfrentan amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos, además de severas restricciones para desplazarse y acceder a fuentes", expresó la SIP en su informe sobre Haití.
El estudio añadió que numerosos medios han cerrado y muchos periodistas han optado por el exilio, pese a lo cual la prensa continúa desempeñando un papel esencial al informar a la población sobre las zonas de riesgo y documentar una crisis humanitaria que ha desplazado a unos 1,4 millones de personas.
Haití vive desde hace años una crisis política, económica, social y de seguridad agravada por la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.
"Naciones Unidas señaló en mayo que 14 trabajadores de medios habían sido asesinados desde 2021", señaló la SIP en su informe, en el que añade que "la violencia de las bandas armadas está reduciendo drásticamente el espacio para el ejercicio del periodismo".
Una muestra de esa violencia fue el secuestro y asesinato en agosto pasado del periodista y director de la radio comunitaria Ti Boukan FM, Joseph Willard Vancol, así como el secuestro el pasado 6 de setiembre de Wesly Renaud Jean, periodista de Radio Télé Métropole, quien continúa desaparecido.
"Asimismo, sigue sin esclarecerse el paradero de los periodistas Junior Célestin y Osnel Espérance, desaparecidos desde marzo y cuya ejecución se presume", agregó el informe.
La SIP subrayó además que los fotoperiodistas Odelyn Joseph, de AP; Clarens Siffroy, de AFP; y Jonet St. Elois, colaborador de EFE, fueron agredidos el pasado 2 de septiembre cuando cubrían un funeral en la comuna de Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, donde fueron asesinadas en los días previos 47 personas en una matanza perpetrada por bandas armadas.
"Los reporteros gráficos fueron objeto de agresiones físicas y verbales por parte de asistentes y familiares de los fallecidos, que arremetieron contra la prensa durante la cobertura", indicó la SIP.
El organismo agregó que el deterioro de la seguridad también tiene implicaciones para el proceso electoral pues se da por descontado que las elecciones presidenciales y legislativas no podrán celebrarse el próximo 13 de diciembre, aunque la Comisión Electoral Provisional (CEP) no ha fijado una nueva fecha para los comicios.