"No se trata de casos aislados sino de los resultados de una política sistemática de terror de Estado", afirmó el colectivo en un documento.
HaitianosRD exigió que el Estado haitiano se pronuncie sobre estos hechos y demande respeto a los derechos de la población migrante haitiana en República Dominicana.
En cuanto a las autoridades dominicanas, la organización exige poner fin al "asesinato de personas haitianas" en operativos migratorios y restituir la vigencia de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos humanos de todas las personas, sin distinciones de nacionalidad o percepción racial.
El colectivo hizo un recuento de varias personas que, aseguró, murieron bajo custodia de agentes migratorios o fueron "asesinadas" por policías dominicanos.
La organización afirmó que el pasado 3 de octubre, aproximadamente a las cinco de la tarde, durante un allanamiento sin orden judicial, agentes de Migración "asesinaron" al joven trabajador haitiano Clerger Rodler, justo el día que cumplía 24 años de edad, en el sector Villa Plywood del distrito municipal de Verón-Punta Cana, provincia de La Altagracia.
El pasado día 19 fue aplazada la audiencia para el 25 de noviembre, según el abogado del agente procesado por el crimen, agregó HaitianosRD.
El testimonio de un trabajador sobreviviente demuestra la brutalidad de los métodos empleados por Migración en abierta violación de la Constitución y las leyes de la República Dominicana, afirma el colectivo.
Otros casos de presunta violencia policial y de agentes migratorios fueron denunciados por la organización, que actúa principalmente en la región este del país.
En octubre de 2024, el presidente dominicano, Luis Abinader, dispuso la deportación "masiva" de haitianos indocumentados residentes en República Dominicana.
El propio gobernante ordenó que al menos 10.000 haitianos fueron deportados cada semana.
Días después, Amnistía Internacional (AI) denunció que esa medida "podría intensificar las prácticas ilegales existentes de expulsiones colectivas, incluidas las de personas que necesitan protección, mujeres embarazadas, niños y niñas, apátridas y solicitantes de asilo, lo cual viola el derecho internacional".
Ambos países comparten una frontera de casi cuatrocientos kilómetros, en la que República Dominicana está construyendo un muro de separación.