Los magistrados integraron el tribunal que el pasado 2 de abril conoció un recurso de apelación y revocó la prisión provisional impuesta a Alvarez, a sus dos hermanos y a dos otras personas, al considerar que las razones por las que se los envió a la cárcel en el caso denominado como 'Goleada' no eran suficientes para sustentar la medida.
En ese entonces, la Fiscalía investigaba a los hermanos Alvarez y a otras personas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, vinculado a la comercialización de combustibles, el negocio familiar del alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador.
Según el Ministerio Público, los procesados por esta investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener "beneficios económicos indebidos" mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.
Sin embargo, la jueza ponente del tribunal afirmó en ese entonces que los elementos expuestos por la Fiscalía hasta el momento no eran "suficientes para establecer la existencia del delito" y que tampoco se había "podido determinar que ha existido la probabilidad de participación de las personas procesadas en el acto delictivo".
Con esa decisión, los hermanos del alcalde salieron bajo libertad condicional de la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario implementado por Nayib Bukele en El Salvador, pero el político siguió recluido por otros dos casos.
De acuerdo a la Judicatura, los magistrados "excedieron sus funciones al emitir una valoración sustantiva de fondo sobre la tipicidad de la conducta, la existencia del delito y la estructura criminal, desnaturalizando la etapa procesal al utilizar esta audiencia como una etapa probatoria".
Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos de este caso a solo lavado de dinero y otro juez volvió a imponer a los hermanos Alvarez otra prisión preventiva.
La decisión del Consejo de la Judicatura levantó alertas en la organización Human Rights Watch, cuya directora para las Américas, Juanita Goebertus, señaló que "destituir a jueces por levantar una prisión preventiva envía un mensaje intimidatorio a toda la judicatura del país".
Y agregó que la audiencia pública que realizará este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Ecuador será "un espacio fundamental para exigir que el gobierno (de) Noboa respete la independencia judicial".