La situación se agudizó luego de que Rabat reconociera que "la gran mayoría tiene que haber salido" de prisión -sin precisar la cantidad del total de agresores-, y que la ley chilena no establece que las víctimas deban ser notificadas del procedimiento que los liberó.
"Es muy difícil pero el presidente le dijo que buscara todas las fórmulas posibles para ver cómo logramos que esto se pudiese revocar", declaró el vocero, Gonzalo Arenas, ante la petición que el mandatario José Antonio Kast hizo a Rabat, a quien mantuvo en el cargo.
Las medidas se conocieron la semana pasada, tras una investigación del medio nacional Interferencia que reveló los 56 decretos otorgados, de los cuales 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación en contra de menores de edad.
Todos los beneficios fueron tramitados por la actual Administración entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, al amparo de la normativa chilena, que permite rebajar condenas anualmente. El procedimiento se realiza mediante un listado en el que Gendarmería determina quiénes cumplen los requisitos para acceder al beneficio.
Las soluciones que se abordan para revertir lo sucedido son tres proyectos de ley que están liderados por el Ejecutivo, el Senado y por la Cámara de Diputados.
El primero, con discusión inmediata, fue ingresado por el Jefe de Estado y propone la modificación de una norma aprobada en 2022 que prohíbe reducir penas por delitos sexuales contra menores de edad, añadiendo que se debe aplicar sin importar que el delito se haya cometido antes de ese año.
La iniciativa de la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, apunta a eliminar una excepción técnica del Código Penal que servía de resquicio legal para que abusadores o violadores puedan postular a rebajas y aumentar severamente los requisitos para fundamentar el beneficio.
En tanto que el proyecto de la diputada Ximena Ossandón, es una reforma constitucional para establecer que cualquier beneficio carcelario para delincuentes sexuales se deba evaluar bajo la ley vigente al momento de la solicitud e incluye una disposición que deja sin efecto automáticamente las rebajas otorgadas.
De allí que Rabat aseguró que desde el Ministerio de Justicia "analizamos la vía administrativa que va a estar muy supeditada a lo que ocurra también con esas dos mociones parlamentarias".
En ese sentido, el vocero Arenas consideró que ese es el "desafío que tiene el ministro de Justicia, porque no es cosa de llegar y revocar un derecho que ya otorgó".
Rabat mencionó que en el Gobierno "estamos preocupados hoy día de las víctimas" y que se han organizado para trabajar conjuntamente con el Defensor de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y otras instituciones para dar la atención debida.
No es la primera vez que la oposición y organizaciones de derechos humanos piden la renuncia de Rabat, cuyo nombramiento fue muy polémico, ya que integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y el Caso Riggs, investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos.