La resolución, adoptada el pasado viernes en Viena, propone combatir la corrupción y el lavado de dinero vinculados con este delito, así como abordar la responsabilidad penal de las empresas que facilitan el tráfico ilícito de armamento.
El documento, relativo al Protocolo sobre Armas de Fuego que complementa dicha convención, establece una hoja de ruta para fortalecer la cooperación internacional en los próximos años frente al tráfico ilícito de armamento.
Entre sus principales líneas de acción destacan el combate a la corrupción y al lavado de dinero vinculados con el comercio ilegal de armas, incluida la responsabilidad penal de las empresas que facilitan estas actividades.
También, contempla el uso de nuevas tecnologías para enfrentar este delito y una mayor recopilación de información que permita desarrollar estudios sobre las rutas, dinámicas y modalidades del tráfico ilícito de armas de fuego.
Según la Cancillería mexicana, la iniciativa busca contribuir a que la comunidad internacional cierre espacios de operación a las organizaciones criminales que recurren al tráfico de armamento y alimentan la violencia y los conflictos en distintas regiones del mundo.
La resolución se enmarca en los esfuerzos de México por impulsar mecanismos internacionales contra el tráfico ilícito de armas, un fenómeno que el Gobierno mexicano ha señalado reiteradamente como uno de los factores que agravan la violencia vinculada con la delincuencia organizada.
La adopción por unanimidad representa un respaldo de los Estados participantes a la propuesta mexicana, aunque las medidas planteadas deberán desarrollarse en los próximos años conforme a los mecanismos de cooperación previstos en la convención.