El presidente del panel y exdirector general adjunto del Departamento de Servicios del Estado (DSS), Jonathan Kure, presentó el informe definitivo al ministro de Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, en la capital nigeriana de Abuja.
Aunque los informes iniciales situaban la cifra de fallecidos en 37, "el comité autenticó 33 muertes e identificó a 41 supervivientes".
Las pruebas médicas solo pudieron incluir la autopsia de tres cuerpos, ya que los 30 restantes fueron sepultados antes de la llegada de los forenses
Kure calificó el suceso de "tragedia en custodia totalmente evitable" y atribuyó los decesos a las condiciones de detención, la falta del deber de cuidado y la desatención “deliberada” de las llamadas de auxilio de los detenidos.
Los fallecidos formaban parte de una batida contra la minería ilegal realizada los días 15 y 16 de septiembre por las milicias del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC) en Minna, capital del estado de Niger.
Unos 50 hombres y menores fueron hacinados en una celda de apenas 20 metros cuadrados, sin agua corriente, ventilación adecuada, sanitarios funcionales o suministro suficiente de agua y comida.
Según los testimonios recopilados por la investigación, los detenidos golpearon repetidamente las puertas y paredes de la celda pidiendo ayuda y agua durante toda la noche a medida que la situación se volvía crítica, sin que los agentes de guardia intervinieran ni abrieran el habitáculo para descongestionarlo.
Las pruebas médicas y forenses confirmaron que las muertes se produjeron por asfixia ambiental y no por un brote infeccioso, como argumentó en un principio el NSCDC.
El comité también denunció que la escena fue manipulada, desinfectada y alterada antes de la llegada de los investigadores y que los libros de registro de la celda de ese día habían desaparecido.
Ante estos hallazgos, el panel recomendó el procesamiento penal de los agentes implicados por delitos de homicidio, negligencia criminal, tortura y tratos inhumanos, así como la destitución del comandante regional del NSCDC y de los oficiales responsables.
En el apartado de reparaciones “el comité propuso 30 millones de nairas (unos 18.000 euros) para cada una de las 33 familias en duelo y 10 millones de nairas (unos 6.000 euros) para cada uno de los 41 supervivientes”, un total de 1.400 millones de nairas (unos 830.000 euros) en concepto de indemnizaciones.
Tras recibir el informe, el ministro de Interior prometió que el Ejecutivo aplicará de forma estricta las recomendaciones y remitirá el expediente a la Fiscalía General para emprender acciones judiciales inmediatas.
"El mejor regalo que podemos hacer a los fallecidos es justicia. Y se hará justicia", aseguró Tunji-Ojo, quien ordenó la suspensión inmediata de los agentes sospechosos de haber limpiado el calabozo para ocultar o destruir pruebas.
Las mineros fueron detenidos en un contexto de intensificación para combatir la minería ilegal, que genera preocupación debido a la pérdida de ingresos públicos, el deterioro medioambiental y el desvío de los recursos minerales de Nigeria.