"Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años", indicó este miércoles por escrito el grupo de expertos independientes en respuesta a una consulta de EFE.
"Una decisión sobre el caso de Fernández de Kirchner no es inminente", insistió el comité.
La expresidenta argentina entre 2007 y 2015, en prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras, anunció en julio que reclamaría la sentencia judicial ante ese comité, que vela por el respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero cuyas decisiones no tienen carácter vinculante.
Argentina es Estado parte del Pacto tras haberlo ratificado en 1986.
El comité de 18 expertos, presidido actualmente por el surcoreano Changrok Soh, recordó que, una vez presentada una denuncia, sólo la decisión sobre si es admitida o no a trámite ya puede tardar varios meses, debiendo cumplir para ello una serie de requisitos formales.
Entre ellos, citó el comité, el denunciante debe haber agotado todas las instancias judiciales pertinentes del Estado en cuestión, aunque se admiten algunas excepciones, como por ejemplo si el procedimiento nacional se ha prolongado de forma indebida.
El 6 de diciembre de 2022, Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, una sentencia que en 2025 fue confirmada por la Corte Suprema.
La denominada causa 'Vialidad', por la que Fernández fue condenada, investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a firmas del empresario Lázaro Báez durante su gobierno y el anterior de su marido Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
En septiembre, los abogados de la expresidenta anunciaron que presentarían una nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la Justicia argentina contra la condena.
Según el equipo legal, el reciente testimonio de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en una causa judicial paralela reveló fallas en los argumentos de la acusación contra Fernández.