Una comisión nombrada por el Gobierno noruego ha propuesto quitarle a ese consejo el derecho a dar recomendaciones sobre la exclusión por motivos éticos de empresas en las que invierte el considerado mayor fondo soberano del mundo, aunque seguiría analizando el riesgo en casos de violaciones graves de las normas.
La comisión -que entregó sus propuestas hace dos semanas al ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg- se mostró también favorable a invertir de nuevo en empresas que fabriquen armas nucleares o componentes para ellas, siempre que pertenezcan a un país aliado que forme parte del tratado de no proliferación.
En un artículo difundido hoy por el medio económico E24, Brandtzæg acusó a la comisión de promover "un debilitamiento dramático de la brújula ética del fondo" y consideró "inaceptables" las propuestas que alteran la base de su funcionamiento.
El fondo, que está valorado en 2,3 billones de dólares y coloca los ingresos del gas y del petróleo de Noruega en el extranjero, es gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management (NBIM) -dependiente del ministerio de Finanzas-, que sigue las recomendaciones anuales del Consejo Ético.
La labor del consejo es que esas inversiones se ajusten a los criterios fijados desde 2004 por el Parlamento noruego y que han sido actualizados en varias ocasiones desde entonces, por lo que decenas de compañías permanecen bajo observación o exclusión temporal de la cartera del fondo.
"Este modelo ha contribuido a una práctica consistente, predecible, minuciosa y abierta de las líneas éticas y, con ello, a despolitizar las decisiones de exclusión de las compañías", escribe Brandtzæg, que cree que las reformas alterarían el fundamento mismo del consejo.
Brandtzæg resaltó que continuará en su puesto hasta que el Gobierno laborista tome una decisión final sobre las propuestas -que han sido criticadas por varios partidos de izquierdas y organizaciones como la Cruz Roja-, pero que si finalmente son aprobadas, dimitirá.
"No puedo estar sentado en el puente de mando y hacer como si nada, mientras el barco insignia ético del fondo se convierte en un grupo asesor sin ningún poder", afirmó.
La dirección del fondo vendió en el verano de 2025 sus acciones en varias empresas israelíes y en el grupo industrial estadounidense Caterpillar, siguiendo las recomendaciones del Consejo Ético, que alertaba del riesgo "inaceptable" de que esas compañías contribuyesen a violaciones graves de los Derechos Humanos.
La polémica generada hizo que el Gobierno laborista, con el apoyo de las fuerzas de derecha, aprobase en el Parlamento suspender temporalmente el trabajo del Consejo Ético y nombrase una comisión independiente para estudiar posibles reformas.