Las principales pandillas que operan en Honduras son la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18, presentes en el país desde hace más de tres décadas y con unos 40.000 afiliados.
Según las autoridades, las pandillas están vinculadas a la extorsión, el narcotráfico y a la mayoría de los asesinatos, que según las cifras oficiales sumaron unos 2.629 en el 2025 en Honduras, un país de unos once millones de habitantes.
Las reformas antiterroristas, impulsadas el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que lidera el presidente Nasry 'Tito' Asfura, fueron aprobadas a última hora de este martes por 118 de los 128 diputados que integran el Parlamento, y contempla modificaciones al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, dijo que la iniciativa busca fortalecer las herramientas legales para combatir las maras, pandillas y otras estructuras criminales declaradas "asociaciones terroristas", así como recuperar la seguridad pública.
Entre los principales cambios figura la reforma del artículo 587 del Código Penal, que establece condenas de 30 a 40 años de prisión para los integrantes de estas organizaciones, mientras que sus líderes y quienes las financien podrían recibir penas de 40 años hasta prisión perpetua.
También se fijan sanciones de ocho a diez años por atentados contra la autoridad y prisión perpetua en casos de asesinato contra funcionarios de justicia o de seguridad por razón de sus cargos.
Además, se establecen penas de entre 30 y 40 años de prisión para quienes elaboren, difundan o coloquen grafitis y mensajes relacionados con amenazas, intimidación o control territorial de estas organizaciones criminales.
El paquete también establece la prisión preventiva obligatoria para los imputados por asociación terrorista, y amplía de 24 a 48 horas el plazo para poner a disposición judicial a detenidos por asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión.
En relación con los centros penitenciarios, la normativa prevé la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria para custodiar los módulos de máxima seguridad, realizar traslados de alto riesgo y responder ante motines y fugas.
También establece "la identificación biométrica obligatoria" en estos módulos y nuevas restricciones para los reclusos sometidos a regímenes especiales.
Las nuevas medidas disponen que el Poder Ejecutivo deberá adecuar los reglamentos penitenciarios en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la normativa, que se producirá con su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Las reformas se suman a las medidas de endurecimiento del régimen penitenciario aprobadas en septiembre pasado, orientadas a reforzar el control sobre las personas privadas de libertad identificadas como integrantes de maras, pandillas y otras organizaciones declaradas terroristas.