En un acto organizado por varias organizaciones no gubernamentales en la favela de Penha "en memoria de las víctimas de la masacre", los familiares afirmaron que siguen sin respuestas de la Justicia, que no avanza en las investigaciones, y del Estado, que mantiene la barriada tan abandonada como hace un año.
"Este es un acto para hablar de la justicia que seguimos esperando y de las respuestas que seguimos esperando, pero también para manifestar nuestro dolor por las pérdidas y para denunciar que el Estado solo entra aquí para matarnos", aseguró Tauã Brito, madre de Wellington Brito dos Santos, una de las víctimas, y líder de una asociación de familiares.
Brito recordó que el Estado, que entró a la favela con cientos de policías para disparar indiscriminadamente contra sus habitantes, no fue capaz de recoger sus cuerpos, y fueron los familiares los que tuvieron que ingresar en el área boscosa donde ocurrió el conflicto para buscarlos, recuperarlos y traerlos hasta la plaza São Lucas, una estrecha calle que es referencia para la comunidad.
Los habitantes de la barriada, dijo, están indignados porque nadie ha tenido acceso a la investigación, que poco avanza debido a que los policías desconectaron sus cámaras y porque el caso está en manos de la propia Fiscalía que autorizó la operación.
"Y estamos aquí un año después sin respuesta, sin saber lo que realmente ocurrió, sin saber si alguien está haciendo algo y queremos ser oídos. Queremos tener voz", afirmó.
En un informe divulgado este mismo miércoles, Human Rights Watch (HRW) denunció graves irregularidades durante la operación y afirmó que las pruebas encontradas apuntan a posibles homicidios "intencionales" por parte de los uniformados.
La acción movilizó unos 2.500 policías y buscaba cumplir cien órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos bandas criminales más poderosas de Brasil, en los complejos de favelas la Penha y el Alemão, y se saldó con la muerte de 117 civiles y 5 agentes.
La investigación de la organización defensora de los derechos humanos apunta al posible uso intencional de la fuerza contra decenas de hombres y adolescentes, la manipulación de las cámaras corporales de los uniformados, así como fallas en las investigaciones de las muertes.
Y el objetivo de la operación, que era expulsar a los narcotraficantes y devolver la tranquilidad a la comunidad, fue el mayor fracaso, según familiares y organizaciones no gubernamentales.
"La situación de seguridad no cambió en nada. La misma organización que controlaba la favela sigue haciéndolo. Estoy seguro de que los miembros del Comando Vermelho muertos ese día fueron sustituidos al día siguiente", dijo a EFE el director para Brasil de HRW, César Muñoz, presente en el acto.
El homenaje a las víctimas se limitó a la Plaza São Lucas, el principal acceso a la favela, ya que, según explicó a EFE uno de los organizadores que pidió no ser identificado, el Comando Vermelho dio la orden de que nadie entre por las callejuelas que cortan el cerro. En algunas esquinas era visible la presencia de hombres vigilando.
Para Brito, lo único que quedó en el último año fue el luto y el dolor, así como el miedo de ser las próximas víctimas. "Aquí no tenemos seguridad sino inseguridad", afirmó.
La asistente social Evelyn Dias, dirigente del Frente Penha, uno de los organizadores del acto, afirmó que en materia de seguridad nada cambió en la favela y que las operaciones policiales continúan registrándose esporádicamente y sin ningún cuidado con la comunidad.
"En un año todo sigue igual: la Justicia no dio respuestas y el Estado continúa ausente. Las políticas públicas no avanzaron ni en educación ni en salud y mucho menos en seguridad", aseguró.
Brito afirmó que a su hijo le fue negado el derecho a la vida por residir en una favela y que, si lo acusaban de algún crimen, tenían que haberlo juzgado para que respondiera por el mismo.
"La única respuesta que nos dieron fue una sentencia de muerte por vivir en una favela", concluyó.