En una rueda de prensa celebrada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), varias denunciantes y los abogados que las han acompañado durante décadas, expresaron su dolor y rabia por el archivo del caso.
Anunciaron que van a llevar esta decisión fiscal ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"A todas las peruanas afectadas la noticia nos ha caído como un balde de agua helada, no se imaginan ustedes cómo nos hemos sentido al escuchar que han archivado nuestros casos", dijo en una conferencia de prensa Dionicia Calderón, una de las víctimas.
Calderón, campesina en la región andina de Ayacucho, es una de las 4.172 personas que, según recoge el expediente con las denuncias, fueron sometidas presuntamente de manera forzada, o sin el debido consentimiento previo, a ligaduras de trompas o vasectomía, como parte de la aplicación de 'Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000'.
Entre los imputados en la investigación estaba el expresidente Fujimori, quien falleció en 2024, y varios exministros del padre de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, entre ellos el actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.
Durante la rueda de prensa, la directora ejecutiva de la Cnddhh, Tania Pariona, expuso que la decisión fiscal "compromete el acceso a la justicia a más de 4.000 víctimas" y resulta contraria a lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en otros casos.
"Pese a reconocer que las esterilizaciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad y que existen elementos de convicción para investigar a 52 personas que han sido parte de esta política de Estado, se ha dispuesto su archivamiento gracias a la ley de Impunidad", sostuvo en referencia a la Ley 32107, promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi.
La Corte IDH estableció el año pasado que en Perú sí se cometieron esterilizaciones forzadas al dictar una sentencia condenatoria en el caso de Celia Ramos Durand, quien murió en 1997, cuando tenía 34 años, en el marco de dicho programa de salud, que incluyó muchos casos "bajo coacción y sin consentimiento válido".
La representante de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Flor de Jano (Cusco), Maribel Meza, suplicó anular esta ley que va en contra de sus derechos para que por fin puedan encontrar justicia.
"Nos encontramos frente a ustedes con el corazón bien dolido. Ahora lo han archivado, estamos indignados, esa ley tiene que anularse porqué no nos da ningún favor, se nos están negando nuestros derechos", indicó.
Las víctimas relataron que muchas mujeres murieron después del procedimiento, porque no se les dio medicamentos y reiteraron que nunca supieron que las iban a esterilizar.
"Cuando nos llevaron como animales en un camión al hospital de Cangallo, en el piso (suelo) hemos estado, como animales, gritando, con dolor, vomitando, pidiendo auxilio. Pero en ese momento nadie aparecía", denunció Calderón.
"Qué maldad tan grande nos ha hecho el Gobierno peruano", clamó al explicar que cuando quiso ser madre de nuevo y no quedaba embarazada, un doctor le comunicó que le habían "cortado las trompas".
Otra de las víctimas, Ricardina Urbina expresó en quechua que vivió en carne propia el maltrato y sostuvo que las mujeres afectadas por este programa de salud fueron tratadas como animales, al haber sido operadas a la fuerza, y no han recibido ni reparación ni justicia por parte del Estado peruano.