"Hemos acudido al Tribunal Superior (de Milimani, en Nairobi) mediante una solicitud de carácter urgente para conocer el paradero de Twaha Mwaipaya", declaró en una rueda de prensa Abner Mango, abogado de la organización Vocal Africa, impulsora de la petición, que fue presentada anoche ante la corte.
También participan otras seis organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional (AI), la Unión Panafricana de Abogados (PALU, en inglés) o la Comisión Internacional de Juristas (ICJ).
"Esta no es más que otra cifra dentro del aumento de secuestros en el país (...). Nuestra pregunta es: ¿cuándo dejó Kenia de ser un refugio seguro para quienes buscan asilo político?", añadió Mango.
La petición solicita al tribunal que convoque al inspector general de la Policía keniana, Douglas Kanja; al jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), Mohamed Amin, y a la Fiscalía keniana, entre otros.
"Creemos que, hasta el momento, sigue en manos de las fuerzas de seguridad en Kenia. Es muy difícil demostrar eso, pero tenemos fuentes en las fuerzas de seguridad que nos lo han dado a entender", declaró a EFE el director ejecutivo de Vocal Africa, Hussein Khalid.
Según Khalid, "la manera en que fue secuestrado apunta claramente a la implicación de las agencias de seguridad kenianas".
"Por eso, atribuimos toda la responsabilidad directamente a dichas agencias y exigimos que lo presenten, vivo o muerto", aseveró el activista.
Mwaipaya fue secuestrado el domingo hacia las 14.00 hora local (11.00 GMT) en Kamulu, en el condado de Machakos, al este de Nairobi, por individuos que circulaban en tres vehículos.
En el momento del secuestro, el opositor se estaba desplazando junto a otra persona -que logró huir- y que ha proporcionado "un relato detallado, paso a paso, de lo que ocurrió", según Mango.
"Nuestro testigo está listo para comparecer y testificar", afirmó el letrado.
Mwaipaya está vinculado a las juventudes del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), principal formación opositora en Tanzania y cuyo presidente, Tundu Lissu, está en prisión preventiva y a la espera de su veredicto en un juicio por traición.
El militante llevaba un año exiliado en Kenia, tras sufrir torturas en su país, y estaba implicado en la distancia en los intentos de organizar protestas para conmemorar la represión tras las elecciones generales del 29 de octubre de 2025.
Esos comicios se saldaron con una abrumadora victoria de la actual presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, quien reprimió con dureza las protestas postelectorales, en las que hubo 518 muertos, según una comisión de investigación creada por la propia mandataria.
Expertos de la ONU, sin embargo, afirmaron que al menos 700 personas murieron y Chadema cifró en hasta 1.000 los fallecidos, citado por la organización Human Rights Watch (HRW).
Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan, en el poder desde 2021.