La petición fue presentada ante el Tribunal Superior de Milimani (Nairobi) por la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC, en inglés), el Instituto Katiba (ONG defensora de la Constitución keniana), la Unidad Médico-Legal Independiente (IMLU) y tres individuos que han sufrido actos de violencia política.
La demanda alude a al menos diez incidentes ocurridos en el último año y cita como demandados a los servicios de inteligencia kenianos, al inspector general de la Policía y al ministro del Interior.
"Estos ataques, perpetrados aparentemente por particulares, limitan y restringen el derecho a sostener opiniones políticas diferentes o alternativas. Esperamos que la Policía y el Estado protejan, defiendan y salvaguarden dichos derechos", declaró Kwamchetsi Makokha, miembro de la junta de la KHRC, en una rueda de prensa ante la corte.
Sin embargo, lamentó, "no ha habido respuesta alguna en términos de investigación o procesamiento judicial, lo cual genera y fomenta una cultura de impunidad".
"Esta cultura de la intolerancia y el uso del terror y del miedo para coartar la libertad de expresión (...) resultan aterradores, especialmente en el contexto de las próximas elecciones", afirmó Makokha.
Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Katiba, Nora Mbagathi, reivindicó el derecho de la población a "participar en la vida política (...) sin miedo al robo, la violencia o la muerte".
"Hemos incluido investigaciones que muestran que no se trata de ataques aislados por parte de particulares, sino que existen esfuerzos coordinados", aseveró Mbagathi, al reclamar que rindan cuentas no sólo quienes realizan estas acciones sino también "quienes están detrás".
Entre los incidentes mencionados está el asalto el 6 de julio de 2025 por parte de decenas de matones de la sede de la KHRC en Nairobi, donde estaba a punto de empezar una rueda de prensa de madres de víctimas de la violencia policial en Kenia.
También citaron un ataque el pasado 12 de junio contra un foro público organizado por ONG en una catedral de Nairobi, así como la violencia desatada en un mitin político de la oposición el pasado 16 de agosto en la ciudad de Homa Bay (oeste), que causó muertos y heridos y en el que periodistas fueron atacados.
Los demandantes alegaron en un comunicado que se trata de "violencia deliberada, financiada y recurrente" y citaron investigaciones que "documentan pagos destinados a reclutar jóvenes para provocar disturbios políticos".
Asimismo, advirtieron sobre la "protección desigual" que se ofrece a la oposición y a la sociedad civil en comparación con el partido gobernante.
La denuncia sobre "violencia política" cobra relevancia a menos de un año de las elecciones generales del 10 de agosto de 2027, en las que se prevé que el presidente keniano, William Ruto, busque la reelección.