La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que instruyó al centro y a la agencia a firmar un acuerdo para que esas denuncias, "que normalmente serían competencia de la Policía de la Universidad de Cornell, se remitan a la Policía estatal para su investigación penal, salvo que la persona solicite lo contrario".
Cornell confirmó el acuerdo en un comunicado y lo enmarcó en la serie de medidas anunciadas para "mejorar la seguridad en los campus, recuperar la confianza y apoyar mejor a los sobrevivientes de agresión sexual" ante la crisis desatada por la demanda civil de una antigua estudiante bajo el seudónimo Jane Doe.
El acuerdo, agregó, "no modifica la plena autonomía" de los afectados "para decidir si recurren a las fuerzas del orden o presentan una denuncia penal, ni cuándo hacerlo", y los casos de agresión sexual a cargo de la Policía estatal "se gestionarán de forma independiente de Cornell", detalla la nota.
La antigua estudiante interpuso una demanda civil el pasado septiembre contra siete estudiantes a los que acusó de violarla durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024, así como contra el centro de élite, al que acusó de no haber investigado los hechos adecuadamente en su momento.
"Lo que describió Jane Doe es horroroso. Las personas sobrevivientes deben poder confiar en las instituciones responsables de protegerlas. No podemos permitirnos fallarles", dijo en su propio comunicado Hochul, que puso a la fiscal general del estado, Letitia James, a cargo de una investigación criminal sobre el caso.
En paralelo, uno de los estudiantes acusados denunció a la fiscal James reclamando que sea apartada de la investigación, pues alega que no es neutral porque publicó en X un mensaje en el que declaraba su apoyo a Jane Doe, pero de momento no ha habido una decisión en los tribunales.
Mientras tanto, el órgano de representación del profesorado de Cornell comenzó este jueves un voto de censura simbólico contra la actual administración del centro, que se alargará una semana y, si prospera, se puede traducir en una reprobación contra la gestión de su presidente, Michael I. Kotlikoff.