La magistrada de distrito Sharon L. Gleason dictaminó que el Gobierno federal carece de legitimación para exigir estas medidas y advirtió de que la intervención solicitada vulneraría el derecho constitucional al voto secreto de los ciudadanos.
Además, subrayó que los tribunales no deben alterar las normativas electorales en vísperas de las votaciones.
El Departamento de Justicia había acudido a los tribunales alegando una supuesta confusión entre los votantes ante la presencia de dos candidatos con nombres casi idénticos en la papeleta de voto por orden de preferencia: el senador republicano en ejercicio Dan S. Sullivan y un aspirante independiente, Daniel J. Sullivan Jr.
El Ejecutivo pretendía así suspender la certificación final y separar los sufragios a la espera de una investigación policial sobre la verdadera intención del voto de los electores.
En su resolución de veinte páginas, Gleason remarcó que el Gobierno "no ofrece ningún plan viable sobre cómo propone segregar las papeletas (...) y luego llevar a cabo una investigación no especificada preservando el secreto del voto".
La jueza añadió que miles de ciudadanos ya han votado de forma anticipada y que sus papeletas se encuentran mezcladas e indistinguibles. El fallo representa un nuevo revés judicial para los recientes intentos de la Administración federal por intervenir en los procesos electorales estatales a escasos días de que abran las urnas.