Adalah solicitó al Tribunal "una medida cautelar que impida al ejército llevar a cabo dichas acciones", así como el "paso regular y seguro para los equipos médicos, los vehículos de emergencia, el personal municipal y los vehículos encargados de prestar servicios esenciales, incluida la recogida de residuos", detalla el texto.
Desde el pasado 23 de octubre, tras la muerte en Hebrón de dos soldados israelíes cerca de un 'checkpoint' por disparos de dos palestinos armados (que también fueron abatidos), el Ejército israelí mantiene un despliegue militar en esta ciudad palestina, ubicada en el sur de Cisjordania ocupada.
"En conjunto, y a la luz de los llamamientos de altos funcionarios israelíes a 'cobrarse un precio' por el ataque a tiros, estas medidas constituyen un castigo colectivo, algo que prohíbe el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra", señala Adalah.
La petición legal de Adalah, formulada en nombre del municipio de Hebrón y de siete residentes de los barrios de Ein Deir Baha y al Jaldeh, fue presentada el 29 de octubre.
La ofensiva militar en curso en Hebrón, que hoy cumple diez días, ha desplazado forzosamente o afectado directamente a más de 3.300 palestinos, especialmente en los barrios de Ein Deir Baha y al Jaldeh, además de haber provocado la demolición total de quince casas y otras estructuras.
Según cifras publicadas el sábado por el Ayuntamiento de Hebrón, y recogidas por la agencia oficial de noticias palestina Wafa, las fuerzas israelíes han destruido quince viviendas y clausurado 327 negocios en la ciudad causando graves pérdidas económicas.