El fallecimiento se produjo presuntamente el pasado agosto en un centro de detención secreto de Saná, según una organización yemení que sitúa la fecha el 21 de ese mes, aunque las circunstancias de la muerte siguen sin esclarecerse.
El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, afirmó hoy en rueda de prensa que, desde su detención el 6 de junio de 2024, los hutíes no han proporcionado información sobre su estado de salud ni pruebas de vida, pese a las reiteradas peticiones de Naciones Unidas.
"El secretario general pide una investigación inmediata, imparcial, transparente y exhaustiva", dijo el portavoz, quien añadió que la ONU ha pedido explicaciones a las autoridades hutíes sobre las circunstancias de la muerte.
El ministro yemení de Derechos Humanos, Mashdal Mohamed, denunció el pasado sábado que los hutíes no habían permitido a la familia visitar al detenido ni comunicarse con él y que tampoco habían entregado sus restos a sus allegados.
Al margen, Dujarric alertó además del agravamiento de la crisis humanitaria en Yemen, donde "cerca de 300.000 personas han tenido que abandonar sus hogares desde principios de agosto".
La situación es especialmente preocupante en la ciudad de Taiz, donde "todos los accesos por carretera permanecen cerrados debido a los combates y no están entrando suministros comerciales".
"Cerca de 250.000 personas han perdido el acceso a servicios sanitarios esenciales, entre ellas más de 186.000 niños menores de cinco años y 23.000 mujeres embarazadas", dijo.
Agregó que la ONU y sus socios humanitarios coordinan "un plan de emergencia de 90 días para mantener los servicios esenciales, restablecer la atención sanitaria interrumpida y reforzar la vigilancia epidemiológica".
Dujarric pidió a todas las partes que protejan a la población civil y las infraestructuras civiles y permitan un "acceso humanitario seguro, sostenido y sin trabas".