La dependencia del Gobierno mexicano precisó en un comunicado que los trabajos del organismo finalizaron el 30 de octubre.
El informe incluirá las calificaciones de cumplimiento técnico y de efectividad de las medidas mexicanas para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Hacienda no adelantó las calificaciones ni detalló las recomendaciones formuladas al país.
Según la dependencia, el proceso "reflejó los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer el combate al lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero".
La SHCP, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó los trabajos y reunió información y evidencia técnica para acreditar los avances del país ante el organismo internacional.
La evaluación requirió la colaboración de instituciones públicas, los sectores financiero y no financiero y la iniciativa privada.
Participaron el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República.
También intervinieron la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Esta coordinación "permitió presentar una postura institucional conjunta sobre la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento de otras actividades ilícitas", señaló Hacienda.
México mantuvo además encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI para presentar sus avances, atender observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales y fortalecer el respaldo al país, según la nota.
El Gobierno reiteró su compromiso con las acciones recomendadas por el organismo mediante la colaboración entre las instituciones nacionales y el sector privado, para proteger el sistema financiero y el patrimonio de las familias mexicanas.
La evaluación tiene como antecedente los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense, que en junio de 2025 identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones de "preocupación principal por lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides" y ordenó restringir determinadas transferencias, provocando que se disolvieran del sistema financiero mexicano.
En febrero, tras la plenaria celebrada en Ciudad de México, la entonces presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, también advirtió que el fraude se había convertido en apenas dos años en la principal amenaza global.
“La epidemia de fraude está creciendo en tamaño, escala y alcance”, afirmó, al tiempo que alertó que figuraba entre los tres principales riesgos del 90 % de los países supervisados por el organismo.
De Anda citó entonces estimaciones de la Global Anti-Scam Alliance sobre pérdidas mundiales de un billón de dólares por estafas en un año.
En México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que las reclamaciones por posible fraude en la banca aumentaron un 18 % interanual entre enero y mayo de 2026, y anunció un convenio con el Servicio de Protección Bancaria para intercambiar información e identificar patrones delictivos.