La reunión, convocada antes de los últimos enfrentamientos, comenzará a las 15:00 hora local (GMT) en el Palacio de Belém, en Lisboa, en un contexto de creciente contestación por las dificultades de acceso a la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida.
Aunque el Consejo de Estado está convocado oficialmente para abordar la cohesión social y no exclusivamente la crisis de la vivienda, la controversia por las intervenciones policiales ya ha llegado al Parlamento, donde el Partido Socialista ha reclamado explicaciones al ministro de Administración Interna, Luís Neves, mientras que Livre ha pedido su dimisión.
Seguro solicitó el domingo al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo explicaciones detalladas sobre la intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP) en las acampadas instaladas por manifestantes en las dos principales ciudades del país.
El jefe del Estado también conversó con el primer ministro, Luís Montenegro, y con la defensora del Pueblo, Luísa Neto, para recabar información sobre las operaciones policiales.
Los trece manifestantes detenidos el domingo, siete en Oporto y seis en Lisboa, tienen previsto comparecer este lunes ante los tribunales, a las 10:00 y a las 14:00 horas, respectivamente.
Las operaciones policiales se desarrollaron de manera prácticamente simultánea durante la madrugada del domingo, cuando agentes antidisturbios desalojaron las acampadas de la plaza del Rossio, en Lisboa, y de la plaza D. João I, en Oporto.
Según la PSP, trece agentes resultaron heridos y la intervención respondió a la negativa de los manifestantes a desocupar los espacios públicos y a los episodios de resistencia registrados durante los desalojos.
Por su parte, los organizadores denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza. El Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) informó de que atendió a veinticinco personas en ambas ciudades, nueve de las cuales fueron trasladadas a hospitales.
Uno de los abogados de los manifestantes, Ricardo Sá Fernandes, anunció que presentará una denuncia penal contra el ministro de Administración Interna, Luís Neves, y el director nacional de la PSP, Pedro Moura, por la actuación policial.
Las protestas reclaman medidas para garantizar el acceso a una vivienda asequible, entre ellas la ampliación del parque público residencial, límites al precio de los alquileres y la retirada de la nueva legislación sobre arrendamientos.
El presidente Seguro ha pedido al Gobierno y a los partidos de la oposición que alcancen un entendimiento para responder a la crisis habitacional, que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes.
Las movilizaciones continuaron el domingo por la noche y los manifestantes de Oporto aprobaron mantener la acampada en la plaza D. João I, en desafío a las restricciones sobre la ocupación del espacio público.