La petición de emergencia del DOJ, sometida un día antes de que se realicen las votaciones de medio mandato en EE.UU., se produjo después que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara los argumentos del Gobierno para bloquear las papeletas y someterlas a un examen más exhaustivo.
La semana pasada, el Gobierno Trump había sufrido dos derrotas en su cruzada para apartar más de 20.000 votos.
El panel de apelaciones, al igual que un tribunal inferior citó la cláusula de la Constitución de los Estados Unidos que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.
"Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales", escribieron los jueces en su decisión el viernes pasado.
El Gobierno Trump había acudido al Tribunal de Apelaciones con una petición de emergencia, después de que el juez David Carter, del Distrito Central de California, considerara que la solicitud del Departamento de Justicia vulneraría la autonomía del estado para organizar sus propios comicios y pondría en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.
En su resolución, advirtió de que la medida podría privar de un derecho fundamental a miles de electores sobre la base de acusaciones inciertas y datos susceptibles de contener errores.
El Departamento de Justicia presentó la demanda el 15 de octubre, después de identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20.000 personas que considera posibles votantes no ciudadanos.
El Gobierno solicitó que las autoridades electorales apartaran sus papeletas y verificaran su ciudadanía antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.
Las autoridades californianas advirtieron de que separar las papeletas identificadas sería difícil, puesto que los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, y podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento.
La tensión entre California y la Casa Blanca ha aumentado a medida que se acercan las elecciones, y el gobernador Gavin Newsom anunció que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado con el objetivo de "proteger cada voto", en respuesta a la directriz del Gobierno Trump de situar agentes federales en los centros de votación.
"Mañana emitiremos el veredicto sobre el presidente más corrupto en la historia de EE.UU.", escribió Newsom este lunes en un mensaje en su cuenta de X.